El copago es como el Guadiana: aparece y desaparece cada cierto tiempo. Hace un año aproximadamente, el Gobierno del PP planteó la posibilidad de introducir el ticket moderador, esto es, que los afiliados a la Seguridad Social paguen una parte de los medicamentos que consumen, para tratar de contener el gasto público en medicinas. La idea, sin embargo, se descartó debido a su impopularidad y, por consiguiente, al coste en términos de votos que podría tener para los “populares”. Ahora, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ha rescatado la idea como posibilidad teórica. Doña Celia debería llevarla a la práctica.
Uno de los principales problemas económicos y presupuestarios de cara a los próximos años es el gasto público en sanidad. Por una parte, el envejecimiento de la población lleva inexorablemente al aumento de esta partida; por otra, el gasto en medicamentos por habitante en España es de los más elevados de la Unión Europea y se incrementa a un ritmo anual de más del 12%, muy superior a las posibilidades económicas del sistema nacional de salud y a las necesidades reales del país. De hecho, el Ministerio de Sanidad estima que la factura que paga anualmente el Insalud por los fármacos que receta debería aumentar lo mismo que el PIB nominal, esto es, no más del 6% al año.
La realidad, sin embargo, es muy distinta debido, en gran medida, a que la mayor parte de las recetas se expiden a los pensionistas, que no pagan un duro por las medicinas que consumen y que, en más de un caso, solicitan también recetas para sus familiares con el fin de que se ahorren la parte que tendrían que abonar por ello. Y es que cuando un bien es gratuito, su demanda es infinita.
La idea del copago se basa precisamente en esta premisa. No se trata de que los pensionistas, ni nadie, tenga que abonar grandes cantidades de dinero por los medicamentos que les recetan los médicos del Insalud. Basta con una pequeña cuantía, casi simbólica –por ejemplo, veinte duros-, para frenar la demanda de recetas y el gasto público en farmacia. Y es que en cuanto algo deja de ser gratis, la gente se lo piensa antes de adquirirlo. En principio, por tanto, hay que dar la bienvenida a esta fórmula.
Otra cosa es que, a la hora de aplicarla, el Ministerio de Sanidad tenga en cuenta algunos aspectos, como el nivel de renta de los ciudadanos, para establecer su importe o, simplemente, a quién se le debe aplicar el copago. Esta discriminación es lógica. Pero se trataría ya de aspectos formales que en absoluto restan validez a la eficacia del copago para racionalizar el gasto farmacéutico y dejarlo en lo que es realmente necesario.
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