La existencia de organismos supervisores, sobre todo de los mercados financieros, en una economía de mercado, y España por ahora lo es por mucho que le pese al Gobierno de Zapatero, tiene una razón muy clara de ser. En cierto modo, estos organismos son a la economía lo que la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial a la política y la democracia. Es, precisamente, la independencia de estas instituciones, cuando están bien diseñadas, uno de los principales garantes de la libertad de mercado y de la protección de las libertades económicas. Y por ello debe preservarse a cualquier precio.
La protección de la libertad de mercado y de las demás libertades económicas es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de una economía. En esencia, consisten en la protección efectiva de los derechos económicos de las personas y las empresas sin la cual es imposible el desarrollo y el bienestar social. Aquellos países en los que dichas libertades no cuentan con una protección efectiva y eficiente tienen problemas de desarrollo económico, porque ni los ahorradores del país ni los inversores internacionales movilizan sus recursos a favor de dichas naciones ante el temor a perderlos como consecuencia de esa falta de protección.
Los organismos supervisores juegan, o deben jugar, en este sentido, un papel fundamental. La CNMV, por ejemplo, teóricamente vela porque nadie pueda aprovecharse del inversor mediante el empleo de informaciones privilegiadas o mediante la ejecución de prácticas que atenten contra la libertad de oferta y demanda, en condiciones de igualdad, que debe presidir las actividades de los mercados financieros. Y lo mismo cabe decir del Banco de España o del Tribunal de Defensa de la Competencia. En cierto modo se puede decir lo mismo de organismos como la Comisión Nacional de la Energía, que debe encargarse de que exista juego limpio en el sector energético en la medida en la que el intervencionismo y la regulación estatal en el mismo lo permita. Para poder desempeñar sus funciones, dichos organismos necesitan contar con una independencia absoluta del poder político, limitándose éste, en el mejor de los casos, a nombrar a parte de los miembros, que no a todos, de esas instituciones.
Este principio teóricamente es el que rige en España para los organismos supervisores, de acuerdo con las respectivas leyes que los regulan, pero en la práctica las cosas son muy distintas, al menos con algunos de ellos. La CNE, en su momento, se plegó a las exigencias del Gobierno para poner a E.On todos los obstáculos posibles a su OPA sobre Endesa sin que mediara razón alguna para ello. La CNMV, por su parte, ha actuado como el brazo armado del Ejecutivo para favorecer a Enel y Acciona en contra de E.On en su pugna por el control de Endesa cuando hay más que indicios de actuaciones del tándem que podrían no ser acordes con la letra y el espíritu de la legislación financiera. De hecho, Manuel Conthe dimitió como presidente de la CNMV por el voto en contra de los consejeros a sus pretensiones, argumentadas con estudios del servicio jurídico de la Comisión, de sancionar a Enel y Acciona. Ya lo dijo Conthe muy elocuentemente: la CNMV no está para respaldar la política industrial del Gobierno sino para defender los derechos de los inversores.
Este es el quid de la cuestión: el conflicto entre los deseos y maniobras del Gobierno y la protección de los derechos individuales de las personas y las empresas. El Ejecutivo tiene todo el poder de actuar conforme a sus deseos, pero siempre y cuando respete las normas básicas incluidas en la Constitución. Por lo demás, puede hacer lo que quiera pero, eso sí, pasando por el Parlamento, explicando las cosas, sometiéndolas a la aprobación del poder legislativo y, con ello, al juicio de la ciudadanía, quien expresará sus opiniones al respecto en las urnas.
En todo el asunto de Endesa, el Gobierno se ha pasado por alto dicho principio porque no puede explicar ni su deseo de entregar una compañía privada como Endesa, que tiene sus propios dueños, los accionistas, a Gas Natural, ni las razones políticas que le llevaron a ello ni mucho menos por qué hizo todo lo posible para impedir a E.On que triunfara con su OPA mientras abría de par en par las puertas a Enel. Y como no puede explicarlo, lo que ha hecho en lugar de acudir al Parlamento ha sido violentar la independencia de los organismos reguladores y, con ella, los derechos de los accionistas de Endesa. Hoy Enel y Acciona han presentando una oferta mejor que la de E.On, es cierto, pero ¿cuál sería la última oferta, el mejor precio para los accionistas, si los alemanes por un lado y los italianos y la constructora de los Entrecanales, por otro, hubieran competido por Endesa? Seguramente más alto. De esta forma, el Ejecutivo ha expropiado a los accionistas de Endesa parte de las ganancias adicionales que podrían haber obtenido al dejar fuera de juego a E.On con todas las maniobras que llevó a cabo tanto en la CNE como en la CNMV.
Todo esto, evidentemente, no ha pasado desapercibido a los inversores internacionales. Recientemente, varios informes sobre la Bolsa española de importantes bancos internacionales de negocio recomendaban tener mucho cuidado con el mercado español, tanto por el fuerte peso del sector inmobiliario en la Bolsa como por las inseguridades a que ha dado lugar la falta de independencia de los organismos reguladores, sobre todo la CNMV. También el Fondo Monetario Internacional acaba de insistir en lo mismo. Por ello, la Bolsa española, que era uno de los mercados europeos que tenía mejor comportamiento en el primer trimestre del año, ahora es de los peores. Falta credibilidad en la economía española a cuenta de todo lo que ha sucedido y está sucediendo en torno a Endesa, la CNE y la CNMV y, con ello, al inversor español y extranjero se le están arrebatando ganancias que, en un clima de mayor confianza, se producirían.
En consecuencia, resulta del todo punto necesario restaurar esa confianza, básica para la financiación de la economía española, su crecimiento y el bienestar de la sociedad, y eso pasa no solo por la salida de Carlos Arenillas de la CNMV sino por dotar a los organismos supervisores de una independencia no solo nominal, sino también, y ante todo, real. Pero, ¿quién va a llevar a cabo esa reforma? ¿Este Gobierno que ha intervenido como lo ha hecho en el caso de Endesa? ¿Este Ejecutivo que deja campar tranquilamente por sus respetos al clan de Intermoney y a la Oficina Económica del Gobierno? Muy probablemente, lo que hay que hacer tendrá que esperar a la próxima legislatura.
