El vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, ha anunciado la aprobación de un recargo tributario en la reforma del catastro, que se impondrá a aquellos propietarios de viviendas que las mantengan desocupadas. Con esta medida, el Ejecutivo pretende aumentar el parque de viviendas en alquiler con el fin de que bajen sus precios. Pero la fórmula elegida por el Gabinete deja mucho que desear.
En España, el disparatado precio de la vivienda constituye un auténtico problema, cuyo origen se encuentra en una legislación, aprobada a mediados del siglo XX, que consagra la escasez y carestía del suelo, cuyo objeto era proteger a los propietarios de bienes inmuebles y que ha traído como resultado la desprotección de quien quiere adquirir una casa. Esa situación, además, sirvió para que los ayuntamientos encontraran en la especulación urbanística su principal fuente de financiación, ante la falta de una reforma de las haciendas locales que les permitiera allegar los ingresos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Los Gobiernos del PSOE y el PP trataron de romper esa situación con sendas leyes del suelo, pero se encontraron con una de las sentencias más absurdas e incomprensibles del Tribunal Constitucional, por la que se negaba al Estado cualquier competencia en este ámbito para atribuírselas todas ellas a las comunidades autónomas. Por tanto, la solución al problema de la vivienda en España no es fácil, porque hay que sortear esa resolución del TC. Y eso incide en la falta de viviendas de alquiler y en la carestía de los mismos.
El Gobierno, por ello, incluyó en la reforma del IRPF una desgravación de hasta el 50% de las rentas por alquileres para los propietarios de viviendas que las arrendasen. Esa medida era acertada, porque suponía un verdadero estímulo para que aumentase el parque de viviendas de alquiler. Pero, por lo visto, ha considerado que no bastaba con ello y ahora se ha sacado de la manga lo del recargo tributario para quien mantenga una casa vacía, algo en lo que el Ejecutivo va a tener que hilar muy fino con el fin de distinguir entre lo que es efectivamente una vivienda vacía y lo que es la segunda vivienda, algo de lo que disfrutan cada vez más españoles, y no gravar a esta última. La cuestión, por tanto, no será fácil de resolver. Éste, sin embargo, no es el único problema relativo a esta medida. Hay otro de igual importancia y es el del derecho del propietario a dar a lo que posee el destino que quiera.
En este sentido, el Gobierno considera que, por encima del derecho a la propiedad privada, está la consideración de la vivienda como un bien social, por no hablar de una necesidad. Pero el propietario probablemente no pensará lo mismo porque él ha sido quien ha pagado por la vivienda y quien corre con los gastos de conservación que ésta ocasione cuando se encuentra vacía y con parte de los que genera cuando está ocupada. El Ejecutivo todavía no ha dicho nada en este sentido, pero debería hacerlo, puesto que si su concepción de la vivienda es de carácter social, tendría articular las políticas necesarias para aumentar su número y reconocer, al mismo tiempo, al propietario sus derechos respecto a lo que posee. Esto es lo que falla y esto es a lo que el Gabinete tiene que poner remedio, porque los particulares no tienen por qué sufrir las consecuencias de los problemas institucionales que padece este país.
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