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Emilio J. González

El dilema del PP ante la reforma laboral

Aznar acaba de pronunciarse muy claramente acerca de lo que hay que hacer para salir de la crisis, incluyendo el abaratamiento del despido. No podía haber un mayor contraste entre su posición y la indefinición de Rajoy.

Emilio J. González
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Últimamente me pregunto con bastante frecuencia qué haría el PP para sacar a España de la grave crisis económica que padece si mañana ganara las elecciones, porque una cosa son los mensajes que se lanzan cuando uno pretende obtener el triunfo en las urnas –para lo que busca seducir a los electores– y otra muy distinta cuando un partido ya ha obtenido la confianza de los ciudadanos para gobernar el país. En ese caso hay quien pone en marcha medidas impopulares de las que no había hablado durante la campaña pero que, como son necesarias, con el tiempo deparan sus réditos económicos y políticos. Gracias a ello, el PP obtuvo mayoría absoluta en el 2000. Pero también hay políticos que, una vez instalados en La Moncloa, se olvidan de lo dicho y se niegan a apoyar cualquier medida que pueda restarles popularidad, por muy necesaria que ésta pueda resultar, y gobiernan a golpe de encuestas y de estrategias de imagen. Zapatero entra dentro de esta segunda categoría. La cuestión es en qué punto entre ambos extremos se sitúa Rajoy.

Esta reflexión viene a cuento de las diferentes posiciones en torno a la reforma laboral que han expresado esta semana tanto Rajoy como Aznar. Rajoy, por supuesto, habla de la necesidad de modificar las reglas de juego del mercado de trabajo, pero apenas concreta nada excepto que rechaza de plano la propuesta de la CEOE de crear un nuevo contrato con un despido mucho más barato que el actual para poder crear empleo. En cambio, Aznar acaba de pronunciarse muy claramente acerca de lo que hay que hacer en este terreno, incluyendo el abaratamiento del despido. No podía haber un mayor contraste entre ambas posiciones y de lo dicho por Aznar lo único que cabe criticarle es por qué no lo hizo cuando fue presidente del Gobierno y por qué su Ejecutivo dio marcha atrás en la reforma laboral aprobada en 2002, la del famoso decretazo, una vez que ya había asumido los costes políticos de la misma, incluida la fracasada huelga general que le convocaron los sindicatos. Pero, por lo demás, tiene razón en su planteamiento.

Por irónico que parezca, hoy por hoy resulta poco menos que imperativo el abaratar el despido para poder crear empleo. ¿Por qué? Porque tenemos ante nosotros una crisis que, diga lo que diga Zapatero, va a ser muy larga y más dolorosa. En estas circunstancias, lo normal es que, con la normativa actual sobre despidos, las empresas se lo piensen en exceso antes de contratar a nadie por mucho que lo puedan necesitar, ya que el futuro se presenta bastante incierto y si se produce un revés en su actividad y se ve obligada a prescindir de mano de obra, el coste prohibitivo de este proceso hará que prefiera apurar al máximo los contratos temporales y las posibilidades de pagar horas extras a sus empleados antes que crear nuevos puestos de trabajo. Esto es especialmente válido e importante para las pymes, que constituyen el 90% del tejido empresarial de nuestro país y mantienen el 80% del empleo. En cambio, si se crea un nuevo contrato con un despido mucho más barato, como propone la CEOE, ese coste dejará de ser un problema y las empresas, entonces, se animarán a contratar si necesitan personal, iniciándose de esta forma la verdadera recuperación de la crisis. Es lo que pasó a partir de 1997 cuando el Gobierno de Aznar puso en marcha el contrato con una indemnización máxima de 30 días por año trabajado frente a los 45 que es la regla general. Además, esto no implica un abaratamiento del despido para quien todavía tiene la suerte de conservar su puesto de trabajo. Por tanto, si se explican las cosas adecuadamente, y teniendo en cuenta no sólo el panorama socioeconómico actual sino el deterioro que va a seguir experimentando durante mucho tiempo, muchas personas respaldarían esta idea cuya validez en España ya está más que probada. Pues bien, mientras Aznar habla alto y claro en este sentido, Rajoy opta no sólo por el silencio sino por un desmarque bien claro de semejante postura. Ese es su error, especialmente si nos creemos la última encuesta del CIS.

Ante esta situación, las dudas acerca de lo que haría el PP si mañana ganara las elecciones son más que razonables. Hoy por hoy, la estrategia de los populares consiste en pedir el voto a la ciudadanía alegando que hay que echar a Zapatero como sea, que lo importante es eso y luego, una vez logrado el objetivo, ya se verá qué se hace. Lo malo para el PP es que esta forma de pensar, lejos de suscitar ilusiones sobre el partido y sus candidatos –Mayor Oreja para las europeas y el ya proclamado Rajoy para las generales– despierta muchas dudas acerca del compromiso del Partido Popular con las difíciles decisiones que hay que tomar para dar carpetazo a la crisis. ¿Qué va a hacer el PP con el mercado de trabajo? ¿Y con la energía? ¿Y con la inflación que va a volver por obra y gracia del Banco Central Europeo, del petróleo y de los alimentos? ¿Y con las pensiones? ¿Y con el déficit público? ¿Y con el sector financiero? Sólo cuando Rajoy y los suyos empiecen a definir públicamente sus propuestas sobre los grandes problemas socioeconómicos que atenazan el ánimo del país serán verdaderamente capaces de ilusionar al electorado y marcar las verdaderas distancias en términos de intención de voto sobre los socialistas que, a estas alturas y dadas las circunstancias, ya deberían estar disfrutando.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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