La Gran Depresión es uno de esos episodios históricos dramáticos imposibles de tener lugar más de una vez. En Argentina, sin embargo, puede reproducirse a escala nacional.
Todo empezó el viernes, cuando el Tribunal Constitucional falló en contra del corralito y pretendió, con ello, obligar al Gobierno de Duhalde a suprimirlo de un plumazo. Al Constitucional no le falta razón en su argumento de fondo puesto que esa idea del ya ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, de congelar los depósitos bancarios de ciudadanos y empresas es todo un atentado a la propiedad privada y a la libertad de utilización de la misma. El problema es que el corralito no se puede desmontar de la noche a la mañana. Si se devolviera de golpe a los ahorradores la libertad de retirar su dinero del sistema bancario, lo más probable es que todos ellos acudieran en masa a cancelar sus cuentas bancarias después de ver cómo las gasta el Gobierno, aunque fuese el presidido por Fernando de la Rúa. En esta situación, los bancos se verían condenados irremisiblemente a la quiebra puesto que la mayor parte de los dineros depositados en ellos está invertido en créditos. Por tanto, no podrían devolver el cien por cien de los depósitos, tendrían que ir a una cancelación urgente de todos los préstamos, con lo que se producirían cientos de miles de embargos de viviendas y negocios y, al final, lo más probable es que la mayor parte de las entidades terminasen en quiebra. Esto es lo que sucedió en EEUU en 1929, tras el crack bursátil del 29 de octubre y sumió al país en una larga crisis económica, en la que los parados se contaban por decenas de millones, de la que sólo salió con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Si hoy Argentina abre el corralito de golpe, en vez de hacerlo de forma paulatina, está condenada a vivir su particular Gran Depresión.
Las medidas de Duhalde
El Gobierno, por tanto, tiene razón al mantenerse firme diga lo que diga el Constitucional. Esta es una de las medidas más acertadas del nuevo plan de Duhalde. El resto, por ahora, es más de lo mismo: es un avance que los depósitos bancarios se pesifiquen a 1,4 pesos por dólar frente al proyecto inicial de hacerlo uno a uno. Sin embargo, es un error aplicar este último tipo de cambio a todos los créditos, y no sólo a los inferiores a cien mil dólares, porque va a suponer un duro golpe para un sistema financiero ya de por sí muy castigado que puede llevarse de por medio a muchas entidades. Y un país sin un sistema crediticio que funcione, es un país condenado a una larga crisis económica.
Duhalde y su equipo también han empezado a poner orden en las cuentas públicas. De momento, renuncian al objetivo imposible de cumplir del déficit presupuestario y anuncian para este año un desequilibrio de 3.000 millones de dólares. Esto es mucho más realista y sienta las bases para solucionar el problema, pero no servirá de mucho sin una reforma fiscal que aporte al Estado los ingresos tributarios que necesita.
El dinero de los contribuyentes
Mientras tanto, vuelve a hablarse de ayudas a Argentina y España ha sido de los primeros en subirse al carro. Si esta iniciativa sale adelante, nuestro Gobierno no puede quedarse al margen, ni siquiera dar la sensación de que lo hace, porque los platos rotos entonces los pagarían las empresas españolas en Argentina. Pero ese no es el problema sino la iniciativa en sí misma. ¿Qué ha cambiado en Argentina para que vayan a hacer sus deberes en esta ocasión? De momento, se ha devaluado el peso, pero es que, o lo hacía el Gobierno, o lo hacía el mercado que es mucho más duro. O sea, no había otra salida. Por lo demás, ni hay avances ni hay garantías de que los dólares que entren por un lado no vayan a salir rápidamente por otro, con los políticos locales llevándoselos a saco. Entonces, ¿para qué se va a dar más dinero de los contribuyentes?
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