El Gobierno está estudiando la creación de una ecotasa, o impuesto medioambiental, que aplicaría sobre los hidrocarburos y las matriculaciones. El objetivo, según el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, es "ir introduciendo poco a poco el concepto de que quien contamina paga". Para lograr este fin, sin embargo, no es preciso crear nuevos tributos que aumenten todavía más la presión fiscal sobre las gasolinas.
En el caso concreto de los hidrocarburos, quien contamina viene pagando desde hace años, ya que las gasolinas soportan impuestos especiales sobre su consumo. Por consiguiente, esa relación tributaria que pretende establecer el Gobierno entre fiscalidad y contaminación ya existe, aunque con otra denominación. Por ello, si el Ejecutivo pretende crear esa conciencia lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre de Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por otro que recoja el adjetivo medioambiental, ecológico o como quieran denominarlo, y hacer explícita la cuantía de impuestos que paga el consumidor al adquirir un litro de gasolina o gasóleo, cosa que hasta ahora no se hace. Y si lo que se persigue, además, es que la recaudación de esa ecotasa que el Gobierno estudia crear es que su recaudación se destine a políticas medioambientales, lo único que tiene que hacer es reordenar el gasto público y destinar los ingresos procedentes del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos a ese fin.
La solución a la cuestión que el Ejecutivo dice querer plantear es sencilla: basta con aplicar un cambio de denominación a lo que ya existe. El problema es si no hay algo más detrás, porque la naturaleza fiscal de las ecotasas no es perseguir la concienciación de los ciudadanos acerca de la problemática ecológica, sino la disminución del consumo de aquellas sustancias nocivas para el medio ambiente, lo que en este caso implicaría un aumento de la fiscalidad de los hidrocarburos mediante la creación de un nuevo gravamen. Pero ese mismo recorte en el consumo de hidrocarburos se puede conseguir por otros medios. Hoy por hoy, cualquier especialista en recursos energéticos a quien se le pregunte por la evolución futura del precio del petróleo dirá que su tendencia es al alza porque las reservas conocidas de crudo empiezan a agotarse, porque el incremento de la demanda mundial derivado de los niveles de industrialización y desarrollo económico que están alcanzando China y los países del sureste asiático seguirá presionando la cotización del oro negro al alza y porque, en respuesta a esta mayor demanda, los países productores en lugar de incrementar la oferta están restringiéndola para conseguir mayores ingresos por una misma cantidad de petróleo lanzada al mercado. En resumen, los hidrocarburos serán cada vez más caros y, con ello, su consumo tenderá a frenarse, lo mismo que el impacto medioambiental que provoca el mismo. Desde esta perspectiva, ¿son necesarios nuevos impuestos sobre las gasolinas? Posiblemente no.
Lo mismo cabe decir con la aplicación de dicha ecotasa a las matriculaciones de vehículos. Éstas ya soportan en España uno de los impuestos más caros, contra el que vienen clamando desde hace años los fabricantes de automóviles por su cuantía desincentivadora de las ventas de vehículos, uno de los principales argumentos esgrimidos por las multinacionales del sector cada vez que se plantean su salida de España para trasladar su producción a otros países donde puedan ahorrar costes y reducir precios. Si el Gobierno quiere establecer una relación directa entre medio ambiente y matriculaciones, solo tiene que modificar el nombre del impuesto, no crear uno nuevo que se superponga al ya existente o lo sustituya pero con una cuantía mayor.
Si el Gobierno pretende reducir drásticamente el consumo de hidrocarburos a corto plazo, tiene otras vías para hacerlo, por ejemplo, que los ayuntamientos cobren a los automóviles que pretendan entrar en el centro de las ciudades, como ya se hace con éxito en Londres y Estocolmo, por citar tan solo dos casos. De esta forma se estimularía el uso del transporte público, que en España es de los de más alta calidad de entre todos los países de la Unión Europea, y se descongestionarían los centros urbanos evitando, de esta forma, todos los problemas relacionados con atascos, ruidos, contaminación y escasez de aparcamientos. Dicha medida tiene una ventaja adicional, que sería la de no penalizar ni el transporte de viajeros y mercancías, ni el uso y disfrute del automóvil para muchos fines.
El problema es que la idea de laecotasa está barajándose en un contexto de incremento de impuestos por parte del Gobierno. Así, el Ejecutivo ha aprobado varias subidas del gravamen sobre el tabaco sin destinar paralelamente su recaudación a la financiación de los males sanitarios que ocasiona el mismo o a programas para ayudar a los ciudadanos a dejar de fumar. Por tanto, aunque este incremento de la presión fiscal se realiza en nombre de la salud, su repercusión tributaria es esencialmente recaudatoria. Algo parecido sucede con el incremento del 15% al 18% de la tributación de las plusvalías de la inversión y el ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, donde no hay más justificación que la penalización del ahorro a largo plazo y la recaudación. O la idea que barajó en su momento de suprimir las desgravaciones en el IRPF por aportaciones a planes privados de pensiones, cuando éstos son tan necesarios para ayudar a resolver los problemas que se van a presentar en el futuro con las cuentas de la Seguridad Social. Todo en España, por tanto, son subidas de impuestos, con la excepción del recorte en un punto del tipo del IRPF que ha aprobado Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid. La posible creación de esa ecotasa es más de lo mismo, con el medio ambiente como excusa.