Los errores se pagan. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno, en el mejor de los casos, ha renunciado a hacer política económica para evitar tomar decisiones impopulares que le resten votos y, en el peor, ha utilizado los instrumentos para manejar la economía con un fin muy distinto: poner en marcha acciones de marcado carácter populista, contrarias a las necesidades reales del buen funcionamiento del aparato productivo. Ahora, el encarecimiento del petróleo ha sacado a la luz las consecuencias de estas equivocaciones, en el transporte, en la pesca, en otros sectores y en el conjunto de la economía.
Uno de los sectores que más sufre el impacto de la subida del crudo es el del transporte. Ante un encarecimiento de los costes, lo lógico es que los transportistas pudieran trasladar parte del mismo a sus clientes. Sin embargo, la escasa liberalización de la distribución comercial en España y la regulación de precios por parte del Gobierno en algunas ramas de la actividad transportista impiden el ajuste necesario a esta situación y el reparto de las consecuencias del incremento del precio del petróleo entre todos los eslabones de la cadena productiva. Y en ello, el Ejecutivo tiene mucho que ver. Desde el comienzo de la legislatura, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha referido a la necesidad de profundizar en la liberalización de los mercados de bienes y servicios, pero nunca se ha pasado de las palabras a los hechos y cuando el Gabinete ha aprobado alguna medida, ha sido precisamente para hacer justo lo contrario, esto es, impedir todavía más el desarrollo de la competencia, por ejemplo, con la regulación de horarios y aperturas comerciales que estableció el ministro de Industria, José Montilla, para satisfacer a los pequeños comerciantes catalanes y beneficiar electoralmente a los socialistas de Cataluña. Así no vamos a ninguna parte.
El Gobierno, de todas formas, podría haber tomado otro camino en el caso de los transportistas, favoreciendo de alguna manera la adecuación de los precios y tarifas a la nueva realidad de los combustibles. Pero como España tiene un serio problema de inflación, el Ejecutivo no ha querido saber nada de ello para evitar que la tasa de crecimiento de los precios de consumo se dispare todavía más. El Gabinete, sin embargo, podría haber compensado el impacto de esta medida con una política presupuestaria restrictiva, es decir, con un amplió superávit en las cuentas públicas de 2006 que retirase dinero de la economía y, con ello, redujera las presiones inflacionistas. Pero como en el diseño de los presupuestos para el próximo ejercicio ha primado el deseo de gastar, con fines electoralistas, el propio Gobierno se ha metido en un callejón sin salida que elimina sus opciones para aplicar las políticas adecuadas que exigen la circunstancias actuales y ha dado un mal ejemplo a otros sectores al establecer la devolución del céntimo sanitario a los transportistas para compensarles por el encarecimiento del crudo.
Los pescadores, desde luego, han tomado buena nota de la forma en que actúa el Ejecutivo y están exigiendo a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, una política en la misma dirección pero todavía más radical: que el precio del gasóleo para los barcos de pesca no suba de 0,30 euros por litro. Y aquí aparecen nuevamente los problemas derivados de la no liberalización de los mercados. A los pescadores les daría igual que el gasóleo subiera si ellos pudieran trasladar su encarecimiento a los precios a los que venden la pesca. Sin embargo, no pueden hacerlo debido a todos los problemas de falta de competencia en las lonjas y en los canales de distribución de los peces desde el puerto hasta el consumidor final, que es quien nota lo cara que se ha puesto la factura de la pescadería, a causa de la escasa liberalización de estas actividades, incluido el comercio minorista, sin que se beneficie de ello quien extrae la pesca del mar. El problema se conoce desde hace tiempo, lo mismo que desde hace tiempo se observa que los alimentos están creando problemas inflacionistas, pero nadie ha hecho nada para remediarlo.
