El Consejo de Ministros ha consumado lo que se veía venir desde que Gas Natural presentó a principios de septiembre la OPA sobre Endesa: el interés del Ejecutivo porque la gasista controlada por La Caixa se haga con la eléctrica a cualquier precio, sin importarle lo más mínimo las repercusiones restrictivas para la competencia en el sector eléctrico, y, en consecuencia, para los precios, que esa operación va a tener. Sin embargo, y a pesar de que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto toda la carne en el asador para favorecer los intereses del holding industrial de La Caixa, entidad que condonó un importante crédito al PSC-PSOE, Gas Natural no tiene garantizado, ni mucho menos, el éxito en la operación.
El punto clave es el acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola para vender a la eléctrica los activos procedentes de la desinversión en Endesa, un acuerdo que el Gobierno no ha eliminado para establecer en su lugar una subasta, como ha hecho respecto a los activos de gas de que tendrá que desprenderse la gasista. Y aquí está el quid de la cuestión porque el pacto Gas Natural-Endesa suponía unos ingresos para Gas Natural equivalentes a la cantidad en dinero que ponía encima de la mesa en su oferta inicial de 21,4 euros por acción, unos ingresos que ahora serán mayores al tener que desinvertir en Endesa más de los previsto y que permitirá a la gasista subir el precio. Sin embargo, este acuerdo puede entenderse como asistencia financiera, algo que prohíbe la ley y que Endesa, como es lógico, ha llevado a los tribunales. Veremos qué es lo que dice al respecto tanto la Justicia española como el Tribunal de Luxemburgo.
El acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola, además, es restrictivo para la competencia en el sector eléctrico en un doble sentido. En primer lugar, si finalmente se ejecuta, consolidará una estructura de mercado con dos empresas muy fuertes, Iberdrola y la resultante de la OPA, que tendrán un dominio casi total del mismo en vez de aprovechar las desinversiones para dar entrada a un nuevo operador. En segundo término, porque si no se lleva a cabo una subasta de activos, como han pedido la italiana Enel y la portuguesa Gaz de Portugal (GdP), se impide el acceso al mercado español de nuevos competidores, en este caso empresas de la Unión Europea que podrían llevar el caso al Tribunal de Luxemburgo, que ya falló en septiembre en contra de una operación similar, la adquisición de GdP por parte de la eléctrica lusa EdP, por considerar que impedía la entrada en el mercado portugués de otros competidores procedentes de otros Estados miembros de la UE, lo que va en contra de las disposiciones del Tratado de Roma. Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta vital el tratamiento que dé el Gobierno al acuerdo Gas Natural-Iberdrola, aunque lo acordado en el Consejo de Ministros, que ha decidido tratarlo como una operación aparte, no augura nada bueno al respecto porque, por lo visto, priman los intereses políticos del Ejecutivo frente a los más generales del conjunto de los ciudadanos y las empresas de este país.
Aún así, no todo está dicho, no sólo por las repercusiones judiciales que pueda tener el acuerdo, tanto a escala nacional como europea, sino, sobre todo, por la cuestión de fondo que, desde un primer momento, ha quedado ensombrecida a causa de la politización que ha rodeado la OPA desde un primer momento: la capacidad real de Gas Natural de poder comprar Endesa. Gas Natural cuenta en estos momentos con la ayuda que le ha prestado el Gobierno al mantener el acuerdo con Iberdrola, así como con los créditos comprometidos en las reuniones que ha mantenido con más de cuarenta entidades financieras para conseguir los recursos necesarios con los que llevar a cabo la operación. Pero, tal y como están las cosas, el precio que va a tener que poner encima de la mesa va a ser considerablemente superior al ofrecido inicialmente. Y, si se tiene en cuenta que el tamaño de la gasista es, aproximadamente, el 35% del de la eléctrica, estamos hablando de mucho, mucho dinero. De entrada, con una cotización de Endesa que ya ha llegado a los 25 euros, Gas Natural va a tener que ofrecer un precio no inferior a los 27 o 28 euros, que incluya la prima de control. Pero es que Endesa puede alcanzar por sí sola esa cotización en cuanto fije la fecha del pago del dividendo de 2,4 euros por acción anunciado por la dirección de la compañía al presentar los resultados de 2005, con lo cual nos vamos a un precio del entorno de los 30 euros por título, casi un 50% más de lo que ofreció Gas Natural al principio.
En segundo lugar, los inversores institucionales –esto es, fondos de inversión, compañías de seguros, gestoras de planes de pensiones– quieren un porcentaje mayor en metálico, como mínimo el 50% del precio total frente al 35% ofrecido inicialmente, porque tienen bastantes dudas sobre la evolución de las acciones ofrecidas por Gas Natural como parte del precio. Unas dudas que proceden del endeudamiento en que incurrirá la compañía para triunfar en la OPA, que después pesarán en los resultados y provocarán una caída drástica del dividendo, sobre todo para los actuales accionistas de Endesa, que disfrutan de una de las retribuciones más altas de todas las que ofrecen las empresas del Ibex 35. Pero unas dudas que, últimamente, proceden también del registro a nombre de Bolivia, llevado a cabo por el Gobierno de Evo Morales ante la SEC estadounidense, de las reservas de gas que tenía allí Repsol. Esas reservas eran fundamentales para el objetivo de Gas Natural de contar con al menos un 15% de gas propio de todo el que comercializa, gas que procedía del acuerdo al que había llegado con Repsol y que ahora está en entredicho, lo cual puede provocar en las próximas semanas la caída de la cotización de la gasista y obligarla a ofrecer todavía un porcentaje mayor del precio en metálico. ¿Puede Gas Natural pagar tanto sin menoscabar la rentabilidad de Endesa, la de la propia gasista y el dividendo que vienen percibiendo desde hace un par años los accionistas de la eléctrica? Parece difícil.
Por último, hay una cuestión para nada menor. Gas Natural argumenta, para convencer a los accionistas de Endesa de que acepten su oferta, que la integración de ambas compañías generará toda una serie de ahorros que aumentarán el valor conjunto de ambas y que ellos son mejores gestores. Lo primero no está muy claro, sobre todo si se tiene en cuenta el endeudamiento en que puede incurrir Gas Natural para llevar a cabo la OPA. Lo segundo no está probado porque la directiva actual de la gasista no tiene experiencia en el sector eléctrico. Su presidente procede de Saneamientos Roca y su consejero delegado de Bimbo. Por tanto, necesitarían contar con el equipo gestor de Endesa o buscarse otros gestores especializados en el sector eléctrico, que no hay muchos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿va a salir adelante la OPA? Yo lo dudo. El Tribunal de Luxemburgo también cuando justificó la negativa a adoptar las medidas cautelares solicitadas por Endesa en su denuncia –esto es, la paralización de la operación- al expresar sus dudas respecto a que la operación pudiera llegar a materializarse. Esas dudas las tenemos muchos, por más que el Gobierno de Zapatero se empeñe en regalar a Gas Natural algo que no posee: la propiedad de Endesa.