¿Debe vigilar estrechamente el Banco de España a las entidades financieras españolas? ¿Deben éstas consultar previamente con el supervisor algunas de las operaciones que pretenden llevar a cabo? Para el sector financiero, sin lugar a dudas, la respuesta a ambas cuestiones es un rotundo sí. Las entidades crediticias de nuestro país, en contra de lo que pensaba el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sí se están viendo afectadas por una crisis crediticia internacional que, lejos de ser algo pasajero, como dio a entender Mafo a mediados del año pasado, es algo mucho más profundo que está afectando al conjunto de la economía española.
Desde la perspectiva del sector, no hay nada peor que la posibilidad de que en nuestro país puedan surgir entidades con serios problemas de liquidez, como en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suiza o Alemania, porque eso afectaría de forma negativa a la confianza de los ahorradores e inversores en el sistema financiero español, acrecentando las dificultades a las que esté se enfrenta. Por ello saludan la intervención del supervisor pensando que, de esta manera, se van a evitar males mayores.
No obstante, esa estrecha vigilancia a que el Banco de España está sometiendo al sector crediticio tiene un componente nefasto y perjudicial para la economía española a medio plazo. No cabe duda que detrás de esa vigilancia se esconde la posibilidad de intervenir una o varias entidades en dificultades para salvarlas, otra cosa que da tranquilidad al sector financiero y por la cual aplaude al supervisor. Pero, con todo ello, el Banco de España puede estar dando lugar a una situación de riesgo moral. El riesgo moral es aquel que se produce cuando las entidades financieras invierten sin tener en cuenta los riesgos porque, al final, alguien acudirá en su rescate. Es lo que viene haciendo la Reserva Federal estadounidense desde 1997, lo que dio lugar a la burbuja de las tecnológicas y a la actual crisis crediticia. Es lo que también puede suceder en nuestro país.
Quienes mayores problemas están teniendo para capear la crisis son, sobre todo, las cajas de ahorros. En algunos casos, todo se limita a una falta clara de liquidez debido a la imposibilidad de obtener créditos en el mercado interbancario que necesita para poder ajustarse. Esa falta de liquidez se ha generado porque las entidades estaban actuando como lo venían haciendo antes de que estallara la crisis y ahora tienen que adaptarse a la nueva situación, tratando de captar recursos de otra forma, por ejemplo, mediante depósitos bancarios de alta remuneración. Pero, en otros casos, las dificultades de las cajas proceden de su inadecuada política de inversiones, sobre todo a promotores inmobiliarios que, tal y como están las cosas en el sector de la vivienda, se las ven y se las desean para sobrevivir. Que se lo pregunten, si no, a Colonial. Y aquí es donde aparece el riesgo moral.
Las cajas que se ven afectadas por ello sabían desde hacía tiempo que la política de tipos de interés bajos del Banco Central Europeo se había acabado o estaba a punto de hacerlo, lo que ha desencadenado la crisis en el sector de la construcción en España. Aun así, siguieron concediendo créditos a los promotores, superando en muchos casos los umbrales de riesgo establecidos por las normas de Basilea. Esas cajas y sus gestores tienen una responsabilidad en lo que les sucede ahora a las entidades, pero no dudaron en seguir adelante sabiendo que, en última instancia, el Banco de España o el Gobierno regional de turno que las controla las salvaría como fuera, de modo que incurrieron en el supuesto de riesgo moral.
Por todo ello, el Banco de España debería dejar que cada palo aguante su vela. Por supuesto, esto no sería bueno para el sector financiero a corto plazo, tal y como están ahora las cosas en los mercados internacionales. Pero no cabe duda de que es la mejor solución a medio plazo para evitar este tipo de comportamientos, motivados muchas veces por el exceso de presencia política en las cajas, porque una cosa son entidades con problemas de liquidez coyunturales, derivados de la que está cayendo por todas partes, y otra la de aquellas otras entidades que han actuado de forma irresponsable, las cuales deberían asumir ahora sus responsabilidades y someterse al juicio del mercado. Aquí, en estos casos concretos, el Banco de España debería abstenerse de intervenir y dejar que esas entidades sean compradas por otras o tengan que ir necesariamente a una fusión que las salve. Es la única forma de evitar que en el futuro se repitan esos comportamientos del pasado reciente que han generado esta situación.