¿Qué hay detrás de la insistencia del presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, para que se reforme el sistema de financiación autonómica? El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, había dicho en varias ocasiones que esta reforma se quedaría para la próxima legislatura. Sin embargo, después de reunirse con Maragall, ha cambiado de opinión. La pregunta es detrás de todo ello se encuentran circunstancias económicas, que las hay, o si también existen motivaciones políticas, que es lo más probable.
La situación presupuestaria catalana está para pocas bromas. Los años de CiU en el poder han dejado tras de sí una comunidad muy endeudada, la que más lo está de España, con un gasto público autonómico muy elevado y, por su propia naturaleza, difícil de recortar a corto plazo. El problema de base no es que Cataluña cuente con pocos recursos para financiar sus políticas. Todo lo contrario. La cuestión es que lo que hizo Jordi Pujol fue subirse al carro del derroche. La sanidad pública catalana, por ejemplo, es la más cara de España, por decisión de la propia Generalitat, y no es precisamente la mejor. La política presupuestaria de los convergentes, por tanto, fue la de gastar y gastar hasta verse metidos de lleno en serias dificultades financieras. En este sentido, es oportuno recordar que fue precisamente CiU quien propuso, en la última reforma del sistema de financiación autonómica, la inclusión de la famosa peseta por cada litro de gasolina para financiar la sanidad pública.
La situación financiera que se encontró el tripartito de izquierdas que gobierna ahora Cataluña, en consecuencia, no es precisamente la mejor posible. La Hacienda catalana está endeudada hasta las cejas y sus ingresos apenas alcanzan a cubrir unos gastos desorbitados. La situación es por sí misma preocupante y, por supuesto, nada agradable para quien llega de nuevas al poder. Pero el Ejecutivo catalán, le guste o no le guste, debería asumirla tal cual, como tuvo que hacer el PP cuando ganó las elecciones generales de 1996 con el desastre económico que heredó de los socialistas. Es el sentido de continuidad con la gestión anterior que debe tener todo Gobierno regional porque la existencia misma de la autonomía trasciende a los mandatos temporales de quienes la gobiernan. El Gabinete de Maragall, además, tiene medios para poder encarrilar la situación. Puede, por ejemplo, reformar el gasto público catalán; puede, también, subir los impuestos cedidos, una medida que, a pesar de su impopularidad, tiene la gran ventaja de informar a los ciudadanos de lo que realmente les cuestan sus servicios públicos y, a partir de ese conocimiento, poder valorar adecuadamente la gestión de los políticos catalanes.
Maragall, sin embargo, no quiere hacer ni lo uno ni lo otro. Por el contrario, pretende obtener más dinero con un nuevo modelo de financiación autonómica basado estrictamente en el criterio poblacional. Aquí empieza el problema porque si el número de habitantes es el único parámetro para establecer la cantidad de dinero que recibe anualmente cada una de las diecisiete comunidades autónomas, entonces las regiones con mayores niveles de renta –Madrid, Cataluña, Navarra y Baleares– obtendrían, proporcionalmente, más recursos que el resto, con lo que las desigualdades regionales se ampliarían. Además, ese sistema sería el tiro de gracia para uno de los pilares básicos de la vertebración del Estado español: la solidaridad interterritorial a través de las transferencias de renta entre las distintas autonomías.
En la vertebración del Estado se encuentra, precisamente, el nudo gordiano de todo este asunto. Maragall quiere más dinero porque tiene que resolver sus propios problemas presupuestarios, pero también porque quiere gastar más. Y quiere gastar más porque el programa del tripartito catalán habla de aumentar el peso del sector público y, sobre todo, porque quiere para Cataluña tal grado de competencias que, de conseguirlo, convertiría a España en una especie de Estado confederal. Pero esas competencias, que sólo puede asumirlas a través de la reforma del Estatuto catalán, son papel mojado si no vienen acompañadas de dinero para financiarlas.