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Emilio J. González

El silencio de los reguladores

Ante este cúmulo de irregularidades, la SEC estadounidense, el equivalente a nuestra CNMV, no solo ya hubiera actuado sino que no habría dudado lo más mínimo en pararle los pies a los italianos.

Emilio J. González
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Todo el asunto de las OPAs en torno a Endesa está plagado de flagrantes irregularidades, pero aquí nadie dice nada… nadie excepto los medios internacionales de información más influyentes, como Financial Times y The Economist, que la semana pasada arremetieron contra el Gobierno de Zapatero y las inseguridades jurídicas para la inversión en España a que han dado lugar las actuaciones del Ejecutivo, sobre todo las últimas, respecto a quién se queda y quién no con la eléctrica española. Sin embargo, quien tendría que levantar la voz muy alto y no lo hace, o actúa a través de medidas de cara a la galería, para dar la sensación de guardar las formas, son los organismos reguladores con competencias en todo este feo asunto, que están caracterizándose por su silencio o su parcialidad.

Para poder llegar al 24,9% del capital de Endesa, la eléctrica pública italiana Enel necesitaba previamente la autorización de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), un permiso con el que todavía no cuenta. Sin embargo, Enel no solo no ha esperado a obtener el preceptivo permiso sino que se lanzó a la compra de acciones sin más. Y, mientras tanto, la CNE, que desde la llegada de la ex diputada socialista Maite Costa a su presidencia ha hecho todo lo posible por torpedear las opciones de la alemana E.On de adquirir la compañía española, guarda silencio, sin enviar tan siguiera una advertencia acerca de que Enel debe aguardar a obtener el permiso. Aquí todo son prisas con tal de que Enel, o sea, Zapatero, se salga con la suya sea como sea, aunque para conseguirlo haya que saltarse a la torera la legislación vigente y los procedimientos administrativos.

Con la CNMV ocurre tres cuartos de lo mismo. El supervisor de los mercados financieros españoles empezó tratando de impedir que Endesa se defendiera de la OPA de Gas Natural y ahora tampoco está actuando como cabe esperar de él. Cuando Enel empezó a adquirir acciones de Endesa debía haber suspendido la cotización hasta que se aclarasen las cosas y, sin embargo, no lo hizo. Por el contrario, luego se limitó a enviar a la eléctrica italiana una carta con ocho cuestiones relativas a su entrada en el capital de Endesa. Ahora que las informaciones que están apareciendo en los medios de comunicación demuestran que Enel no dijo la verdad al supervisor, éste sigue dejando hacer sin decir nada al respecto.

Lo mismo sucede respecto a la intervención del Gobierno en todo el asunto de Enel. La regulación en materia de OPAs faculta a la dirección de Endesa a buscar una oferta competidora que mejore la OPA que en su día presentó Gas Natural, puesto que ello, en última instancia, redunda en beneficio de los accionistas de la eléctrica. Pero lo que no faculta la normativa en esta materia, ni en lo referente al sector energético, es a que el Gobierno interfiera en todo este proceso de la forma en que lo ha hecho, esto es, pactando con el Ejecutivo italiano el desembarco en España de la eléctrica pública del país transalpino. Las pruebas en este sentido se acumulan, empezando por el reconocimiento por parte de Enel de que el pasado 16 de febrero el consejero delegado de la compañía, Fulvio Conti, se reunió con el ministro de Industria, Joan Clos, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, David Taguas, y siguiendo por las informaciones acerca del acuerdo alcanzado por Zapatero y Prodi en su reciente encuentro en Baleares respecto a la entrada de Enel en Endesa.

Ante este cúmulo de irregularidades, la SEC estadounidense, el equivalente a nuestra CNMV, no solo ya hubiera actuado sino que no habría dudado lo más mínimo en pararle los pies a los italianos. Aquí, sin embargo, la CNMV deja hacer porque se trata de una operación política capitaneada desde Moncloa en la que se entremezclan los deseos de dar activos eléctricos a Gas Natural con las ganas de demostrar a la canciller alemana Angela Merkel que aquí nadie se sale con la suya en contra de la voluntad de Zapatero, pasando por las ganas que tiene el presidente del Gobierno de cobrarse una de las cabezas de los presidentes de empresas privatizadas puestos por el PP, a los que pidió su dimisión antes incluso de ganar las elecciones y ninguno de ellos le hizo caso. Por desgracia, todo esto se está haciendo a costa de los intereses de los accionistas minoritarios de Endesa, de los del conjunto del país y de la credibilidad internacional de España, mientras los organismos reguladores consienten o guardan silencio. De república bananera.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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