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Emilio J. González

El submarino catalán

Emilio J. González
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La teoría dice que las actuaciones de un ministro del Gobierno nacional, o central, o como quieran llamarlo, deben ir encaminadas a la búsqueda del bienestar general y la satisfacción del interés común y no estar al servicio de causas particulares. La práctica, sin embargo, es otra cosa, como acaba de demostrar José Montilla, titular de Industria y Comercio.
 
Montilla, hombre de confianza del presidente de la Generalitat catalana, Pascal Maragall, acaba de aprobar la reducción de doce a ocho del número mínimo de días festivos que pueden abrir los comercios, justo cuando la tendencia en toda Europa, y hasta ahora en España, marcha en la dirección contraria, porque es lo mejor para el consumidor y porque ayuda a crear más puestos de trabajo. Pues bien, Montilla ha hecho caso omiso a todo esto y, en vez de avanzar hacia la modernización del sector de la distribución, que tiene cierta culpa de la inflación española por el lado de los alimentos, ha dado marcha atrás varios pasos.
 
En la sociedad no había ninguna demanda para reducir el número de aperturas comerciales en festivos, sino todo lo contrario. En las grandes ciudades, es una necesidad, que ha llevado a la Comunidad de Madrid a plantear una ampliación considerable del número de días de fiesta en que las tiendas, supermercados, grandes almacenes e hipermercados pueden abrir sus puertas al público; en las pequeñas, todo el mundo sabe a qué tienda tiene que dirigirse los domingos si necesita algo urgentemente. Pero Montilla no ha tenido en cuenta ni esto, ni el número de puestos de trabajo que puede perder el sector si las autonomías generalizan la reducción del número de festivos. Por el contrario, lo que ha primado para él es, estrictamente, la política catalana, que con Jordi Pujol vino caracterizada por la protección a cualquier precio del ‘botiguer’ o tendero, donde CiU ha tenido uno de sus pastos tradicionales de votos, y ahora Montilla, que es como decir el PSOE catalán, quiere transitar por el mismo camino para tratar de consolidar en Cataluña un poder cogido con alfileres e hipotecado por los apoyos al Gobierno de la Generalitat de Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida. Así, el interés general se sacrifica al particular y de carácter político-electoral de Maragall y los suyos.
 
Montilla, además, ha desafiado a Pedro Solbes con su decisión. Ya fue una mala noticia que en las negociaciones entre los socialistas para dotar de contenido a los distintos ministerios, Economía perdiera las competencias de comercio en favor de Industria. Eso fue un gran error porque si hubieran permanecido dentro del Departamento de Solbes, la política de comercio del Gobierno se hubiera adecuado a las líneas generales de política económica trazadas por el vicepresidente económico. Sin embargo, para Montilla, éstas sólo cuentan en tanto en cuanto no vayan en contra de los intereses de los socialistas catalanes, que son los verdaderamente importantes para él.
 
Así, a pesar de que Solbes se opuso públicamente a las intenciones de Montilla y dijo que había que ir en dirección contraria a la expuesta por el titular de Industria y Comercio, éste ha optado por seguir adelante con sus planes a cualquier precio, aunque ha tratado de contentar a Solbes al eliminar el techo al número máximo de aperturas de los comercios en festivos que pueden fijar las Comunidades Autónomas. En cierto modo, esto esta bien porque en las autonomías que cuenten con gobernantes de talante moderno y liberal, como Madrid con Esperanza Aguirre, se pueden dar grandes pasos en la buena dirección. El problema es que aquellas otras dirigidas por políticos de otro pelaje pueden verse condenadas a sufrir una importante marcha atrás en este sentido.
 
Todos los hechos concretos en sí son bastante preocupantes. Pero lo peor de todo es la sensación que ha dejado Montilla de que, a la hora de satisfacer los intereses de los socialistas catalanes, que no los de Cataluña, vale todo, incluida esa cierta desautorización que le ha hecho a quien en realidad está por encima de él, el vicepresidente económico Pedro Solbes. Con compañeros de Gobierno así, ¿quién necesita oposición?

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