El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, ha criticado el anuncio del presidente del Gobierno de dar una ayuda de 2.500 euros a cada familia que tenga un hijo. El líder de CC.OO. tiene toda la razón al señalar que no se puede construir el modelo social del país mediante discursos electorales.
Lo que ha hecho Zapatero con semejante anuncio es una práctica de sobra conocida en las democracias occidentales cuando los dirigentes políticos carecen de reparo alguno a la hora de utilizar el gasto público con fines políticos. En este sentido, por desgracia, es muy habitual, incluso en Estados Unidos, que cuando se acercan los periodos electorales los gobiernos se dediquen a gastar más para allegarse el favor de los votantes. Son las consecuencias de las políticas desplegadas en la segunda mitad del siglo XX en las que se apostó por una presencia fuerte del Estado en la actividad económica que otorgó a los políticos demasiado poder sobre la sociedad civil. Pero Zapatero ha reinterpretado tan nefasto principio de una forma doblemente perniciosa.
Al realizar ese anuncio sin haber hablado antes con el Ministerio de Economía, y disponiendo a su libre albedrío de los 4.000 millones de euros de ingresos por encima de lo presupuestado que va a obtener el Estado, Zapatero está comprometiendo el futuro de los presupuestos con nuevas partidas de gasto que serán insostenibles en cuanto el crecimiento económico se desacelere, un peligro del que ya ha advertido el Banco de España. En ese caso, no habrá más remedio que proceder a recortes del gasto público, sobre todo del gasto social, para devolver las aguas a su cauce. Pero dichas políticas nunca son fáciles, debido a la fuerte oposición que suscitan entre los votantes y, al final, lo que hay que sacrificar es la inversión pública, la verdaderamente necesaria para que la economía crezca, genere empleo y sea capaz de competir en el mundo de la globalización.
Asimismo, hay un segundo elemento igualmente nocivo. La política social de cualquier Gobierno debe articularse conforme a una estrategia que responda a las verdaderas necesidades del país, no a golpe de declaraciones políticas irreflexivas, a las que tan aficionado es Zapatero, cuyo único fin es ganar votos en las urnas. Actuaciones tan irracionales como ésta abren las puertas de par en par a demandas sociales de todo tipo, sin razón que las justifique, que convierten al Gobierno en prisionero de los grupos de presión que buscan obtener rentas presupuestarias.
El sector público español ya tiene muchos paniaguados, muchos cazadores de rentas públicas que no son quienes deberían ser beneficiarios de una política social, esto es, aquellos que verdaderamente la necesitan, y no todo el mundo en general. Zapatero, sin embargo, ha demostrado con su propuesta en el debate sobre el estado de la Nación que está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar votos y, al hacerlo, ha abierto la veda para los cazadores de rentas, con sus consecuencias nefastas para los presupuestos y la economía, consecuencias que, al final, son antisociales porque se traducen en altos tipos de interés que empobrecen a la gente y en destrucción de empleo que los deja sin medios de ganarse la vida.
Por todo ello, las críticas de Fidalgo son muy lógicas. Ahora lo que debe hacer es pasar de las palabras a los hechos y oponerse con firmeza a las pretensiones del presidente del Gobierno de gastarse alegremente el exceso de recaudación en medidas supuestamente sociales que en realidad sólo son electoralistas.
