¿Recuerdan aquello que dijo Zapatero antes de las elecciones del 14 de marzo de que, al día siguiente de los comicios quería ver encima de su mesa la dimisión de los presidentes de las empresas privatizadas? Pues los temores de que llevara a cabo sus intenciones, que trató de despejar con el nombramiento de Solbes como responsable de Economía, hoy se han convertido en realidad. Los socialistas han vuelto a las andadas y lo primero que tratan, nada más llegar al poder, es meter mano en todo el aparato productivo para controlarlo, a pesar de que se trata de empresas privadas en las que sus accionistas, y no el Gobierno, son quienes tienen que decidir en todo lo que se refiera a los directivos de las compañías. Política económica no hay pero intentos de asalto al sector privado ya los tenemos un día sí y otro también. Ahí están el BBVA, Aldeasa, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Endesa probablemente en un corto espacio de tiempo y lo que vendrá después.
Todos estos intentos tienen varios denominadores comunes. El primero de ellos es que detrás de estos movimientos subyace el deseo de los socialistas de controlarlo todo, de volver a poner el yugo en todos los ámbitos de la sociedad para que nada escape a sus dictados, para tratar de consolidarse, de esta manera, si no en el Gobierno, sí en el poder. Es su obsesión, a la que se opone Solbes aunque sin éxito, y no se paran ante nada ni ante nadie porque se trata, sobre todo, de una cuestión ideológica, propia del socialismo más rancio de la Segunda República, que entronca directamente con otras actuaciones del Gobierno, como los ataques a la familia y a la Iglesia o el desprecio por la unidad de España, para sustituir los cimientos de la sociedad y el Estado por los nuevos del partido. Aquí, por tanto, no se trata de venganzas personales ni de un quítate tú para ponerme yo, sino de una estrategia con un calado mucho más profundo cuyo fin último es el ejercicio del poder sobre todos los ámbitos de la sociedad.
Como consecuencia directa de todo esto surge el segundo denominador común: el uso de las instituciones del Estado para el asalto a las empresas. Los accionistas de las compañías privatizadas no están por la labor de cambiar a sus presidentes, con la excepción lógica de Repsol YPF en donde La Caixa es, con el 12% del capital, el primer accionista con diferencia de la compañía y, por tanto, ha puesto a un presidente suyo, Antoni Brufau. Pero esta es una operación ajena por completo a la estrategia del Gobierno y que responde a la lógica de si yo soy el dueño de una compañía, yo pongo al presidente y no el Ejecutivo. En los demás casos, en cambio, la mano gubernamental está detrás de todo y cuando los accionistas no se avienen a razones, hacen intervenir a las instituciones públicas para tratar de conseguir sus fines. Así, para desbancar a Francisco González de la presidencia del BBVA el Gobierno no ha tenido reparos en tratar de instrumentalizar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, afortunadamente, no se ha dejado manipular, y ahora a la fiscalía anticorrupción. Como serán las cosas que hasta los sindicatos del banco han cerrado filas en torno al presidente de la entidad. Con Aldeasa ocurre tres cuartos de lo mismo, aunque en este caso la intervención se ha producido vía Ministerio de Fomento, vía Aena, la gestora de los aeropuertos, amenazando con retirar a la empresa las concesiones de las tiendas en los aeropuertos, con subir el precio que paga por ellas y con prohibir allí las ventas de tabaco, su principal fuente de ingresos. Y con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio el Gobierno, directamente, ha impuesto a Javier Gómez Navarro como presidente en sustitución de José Manuel Fernández Norniella. Esto es lo que entiende el PSOE por liberalización.
La tercera y última característica común es las prisas del Gobierno por asumir el control de todo. En lugar de ser más inteligente y esperar la retirada de los presidente que la han anunciado previamente, como Francisco González, o de emplear estrategias más sutiles pero que requieren más tiempo para su ejecución, el Ejecutivo está empeñado en que los cambios se hagan ya, de cualquier manera pero ya. Y así se está embarcando en las operaciones más surrealistas que cupiera imaginar, que, por su propia naturaleza, se ven abocadas de antemano al fracaso, pero que se cobran sustanciosos dividendos en forma de deterioro de la imagen de las compañías atacadas, de desgaste del Ejecutivo y, lo que es más grave, de pérdida de confianza en la economía española. Las chapuzas, aunque sean políticas, siempre salen caras. Pero, ¿a qué vienen esas prisas del Gobierno? Probablemente a que su intención es anticipar las próximas elecciones generales porque, con el rumbo que llevan actualmente las cosas, si agotan la legislatura es probable que las pierdan. Prueba de que el escenario con el que trabajan los socialistas es el de convocar a finales de 2006 o principios de 2007 es que la reforma fiscal se va a aprobar este año, cuando la lógica política dice que, si van a bajar el IRPF, aunque solo sea para una parte de la población, esta medida tiene que aprobarse un año antes de la llamada a las urnas para sacar el máximo partido en términos de votos.
