El Gobierno no ha querido dejar pasar mucho tiempo desde la conclusión del caso Gescartera para presentar el anteproyecto de Ley financiera, que recoge una serie de medidas específicas para reforzar el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con ello pretende reducir en la medida de lo posible el coste político que este caso está teniendo para el Ejecutivo, demostrando su disposición a actuar con rapidez, y cerrar cuanto antes el asunto... siempre que en la Audiencia Nacional no salgan nuevas sorpresas en esta trama financiero-funcionarial, que pueden salir.
La Ley, todo hay que decirlo, no es una respuesta al caso Gescartera. Por el contrario, el deseo del Gobierno era haberla presentado antes del verano puesto que lo que trata de hacer con ella es modernizar la regulación del sistema financiero español para adaptarlo a las nuevas circunstancias, especialmente a dos de ellas: la creciente integración del sector financiero en la zona del euro y el enorme desarrollo de las nuevas tecnologías. Por ello, la nueva normativa facilitará los acuerdos para la integración de los mercados españoles en alianzas europeas, regulará el uso de información privilegiada, establecerá la normativa adecuada para las operaciones financieras a través de Internet y creará la figura del defensor del ahorrador y el inversor. Todo ello, desde luego, es preciso para combinar la posibilidad de tener un sector financiero eficiente y competitivo en Europa con la necesaria protección de los clientes, puesta de manifiesto por el caso Gescartera. Desde esta óptica, por tanto, la idea de la ley es buena.
Otra cosa es lo referente a la CNMV, que se introdujo en las últimas semanas como consecuencia del caso Gescartera. Ahí el Gobierno apuesta por reforzar el control sobre la Comisión, con una inspección anual al organismo al que, por otra parte, le faculta para elaborar un nuevo reglamento interno con el fin de evitar que se repitan actuaciones como las de Gescartera. La idea de autorregularse, en principio, no es mala siempre y cuando en la CNMV se haya hecho examen de conciencia de lo que ha pasado, se admitan los pecados cometidos y haya de verdad propósito de enmienda. Lo malo es que a lo mejor no lo hay tanto por lo que hubiera sido mejor que regulase el propio Ministerio de Economía.
Con la inspección anual sucede lo mismo. Sobre el papel, puede ser un elemento de garantía. Pero todo depende del interés que ponga el Ministerio de Economía en averiguar o no si la CNMV actúa como debe o empieza a hacer la vista gorda ante los "pecadillos" de unos y otros. En definitiva, no basta con nuevas regulaciones si los encargados de elaborarlas y aplicarlas no han aprendido la lección y están dispuestos a que no haya más Gescarteras. Y esa garantía, por ahora, no la ofrece el anteproyecto de ley.
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