Llevamos apenas un año y medio de legislatura y, por el contenido de la política económica del Gobierno, parece como si hubieran transcurrido tres y el Ejecutivo ya se estuviera preparando para comparecer ante los ciudadanos en las urnas. Sus anuncios, planes y medidas en materia de economía ya no buscan resolver los problemas coyunturales y estructurales, sino que tienen un marcado carácter populista, responden a la necesidad de justificar la política de izquierdas de Zapatero, que piensa que es la que demandan los votantes y la que le volverá a deparar el triunfo en las urnas, y rehuyen cualquier decisión que, a corto plazo, pudiera costar votos al Gabinete.
España tiene un serio problema con su modelo de crecimiento económico. Éste se basa en un fuerte impulso a la demanda interna que está creando dificultades con la inflación y, sobre todo, con una balanza de pagos cuyo déficit crece de manera desenfrenada y amenaza al crecimiento económico a partir del próximo año. Para un país como el nuestro, que forma parte de la unión monetaria europea, la única forma de revertir esta situación es mediante el manejo de la política presupuestaria, esto es, con un superávit en las cuentas públicas en 2006 muy superior al previsto por el Gobierno que deje menos recursos en manos de las familias y las empresas y, de esta forma, reduzca la demanda interna, las presiones inflacionistas y un desequilibrio comercial que es el segundo más importante del mundo después del de Estados Unidos. Sin embargo, el Ejecutivo, lejos de seguir esta estrategia, que es de manual de política económica, ha diseñado para el próximo ejercicio unos presupuestos con el gasto como protagonista; y no cualquier gasto, sino el más populista, el que piensa que le acarreará más votos porque ya habrá tiempo después para resolver los problemas económicos.
Con las reformas estructurales ocurre tres cuartos de lo mismo. La reforma laboral queda aparcada porque lo que hay que hacer va en contra del orgullo que manifiesta el Gobierno al señalar que, con él, en España se ha creado más empleo público que nunca. Y las de los mercados de bienes y servicios, de las que tanto habló el vicepresidente económico, Pedro Solbes, al principio de la legislatura, se han transformado en intentos del Ejecutivo por controlar sectores estratégicos, como las telecomunicaciones o la energía; modificar sus reglas de funcionamiento, como la tarifa eléctrica, o colocar al frente de las grandes entidades de este país a personas afines al PSOE.
A su vez, el Plan Nacional de Reformas, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado jueves, es una especie de maniobra de distracción, para dar la sensación de que el Gobierno hace lo que tiene que hacer. El documento se supone que responde a lo acordado el pasado mes de marzo, en el Consejo Europeo de primavera, para relanzar la estrategia de Lisboa –la que tiene que convertir a la Unión Europea en la economía más competitiva del mundo en 2010–, pero su contenido, más bien, lo que hace es emplear el argumento de Europa lo pide para dar cobertura y respaldo a toda una serie de propuestas del Ejecutivo con un marcado cariz ideológico. Así, el documento habla de establecer una relación más directa entre las contribuciones a la Seguridad Social y la cuantía de la pensión que perciba un trabajador en el momento de la jubilación; pero esto es algo que toca hacer ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el Pacto de Toledo. En cambio, mientras en la Unión Europea se advierte, por activa y por pasiva, sobre todo a España, de la necesidad de reformar los sistemas públicos de pensiones para poder financiarlos en el futuro, lo que propone el Gobierno al respecto es lo mismo que ha dicho y hecho desde el principio de la legislatura: una subida anual de las pensiones mínimas por encima de la inflación y el incremento del 2% en las pensiones no contributivas, esto es, más gasto público en pensiones y menos incentivos a los planes privados de pensiones, que deberían complementar en el futuro la prestación estatal.
Lo mismo cabe decir de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Uno de los elementos que restan competitividad a la economía española es un IRPF superior al de países como Estados Unidos o el Reino Unido, lo que, además, constituye uno de los factores que estimulan la fuga de cerebros. Sin embargo, la propuesta del Gobierno de revisar las deducciones puede suponer pagar más por este tributo. Lo mismo ocurre con lo que se refiere al tratamiento de las plusvalías obtenidas por inversión en acciones o fondos de inversión, cuya tributación quiere elevar el Ejecutivo cuando lo que necesita España son estímulos al ahorro, no incentivos como éste para que se marche a otro lugar. Pero, según el Gabinete, es lo que pide la UE, cuando la UE no dice nada al respecto.
Esa misma excusa se utiliza en lo referente a las políticas de infraestructuras, transporte y agua. Ahora resulta que el dichoso Plan Hidrológico de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que deja sin agua a buena parte del sur de España, es, según el Plan Nacional de Reformas, una exigencia de la Unión Europea para ser más competitivos en 2010, lo mismo que el parón injustificado dado por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al Plan de Infraestructuras. De esta manera, el Gobierno pretende acallar las críticas más que justificadas surgidas ante semejantes actuaciones ilógicas detrás de las cuales se esconden demasiados intereses políticos.
En cambio, en el Plan no hay medidas que respondan a los problemas reales de la economía española, a cómo se va a hacer frente, por ejemplo, a las consecuencias de la subida del petróleo en forma de más inflación y menos crecimiento, o al fuerte déficit de balanza de pagos. Por no hablar de lo que puede pasar si, como parece, a finales de este año o principios del próximo, el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés ahora que el BCE prevé que, en 2006, aumente la inflación como consecuencia de la carestía del crudo, tal y como acaba de advertir el economista jefe del banco, el alemán Otmar Issing.
