El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha pedido que se regule el derecho de huelga ante el abuso que los sindicatos están haciendo del mismo. Yo diría que, más que abusar, lo que están haciendo es perpetrar huelgas políticas.
Los sindicatos tienen al Gobierno de la comunidad de Madrid en el punto de mira desde hace tiempo, por la simple y sencilla razón de que es del Partido Popular. A las centrales sindicales les importa un bledo que el PP haya ganado legítimamente las elecciones y que cuente cada vez con más apoyos entre los ciudadanos de esa comunidad. Ellos lo que quieren es imponer su voluntad a todos: que en un lugar tan significativo y representativo como la comunidad de Madrid gobierne la izquierda. El ejemplo más claro lo tenemos en el caso del metro, que sigue de huelga a pesar de que la masa salarial ha crecido un 20% mientras que en el conjunto del sector público se reduce.
Lo del metro es una huelga política con todas las de la ley; pero, por si alguien tiene todavía alguna duda al respecto, baste recordar que los sindicatos del mismo ya se lanzaron a la huelga contra el Gobierno legítimo de la comunidad de Madrid cuando los socialistas todavía estaban al frente de los destinos de la nación y eran los únicos responsables de todos los desastres y desaguisados relacionados con la crisis; pero los del metro convocaban huelgas para tratar de acabar con Esperanza Aguirre. Hoy siguen en lo mismo, pero contra Ignacio González.
Con las huelgas y movilizaciones que están convocando, los sindicatos pretenden imponer a todos los españoles un modelo económico y social, el socialista, el suyo, que es, en última instancia, el principal responsable de la crisis y, sobre todo, de los casi seis millones de parados que ésta ha traído. Es decir, en vez de aprender la lección, los sindicatos quieren más de lo mismo, pero corregido y aumentado.
Todo esto, insisto, no es más que una batalla ideológica, se trata de promover un cambio político y de políticas en contra de lo que depararon las urnas. De ahí que resulte imprescindible que el Gobierno, de una vez por todas, cumpla con lo establecido en la Constitución y regule el derecho de huelga, porque lo que están haciendo los sindicatos en estos momentos no solo supone un perjuicio económico, sino que, sobre todo y ante todo, es un atentado contra la democracia y la libertad.