Si somos lógicos, la política de “golden share” o “acción de oro”, es decir, la posibilidad de que un Gobierno vete determinadas decisiones de las empresas privatizadas, es incompatible con una economía de mercado. Entre las características principales de esta última figura en lugar destacado la ausencia de injerencias por parte del Estado, especialmente en los acuerdos de los consejos de administración. Hay circunstancias específicas, sin embargo, que pueden aconsejar su uso. Una de ellas es evitar que las compañías que dejan de ser de titularidad pública caigan en manos de empresas estatales de otros países. Y es que privatizar para volver a nacionalizar después, pero con pasaporte distinto, nunca puede ser admisible para cualquier Ejecutivo que apueste por el sector privado.
Desde esta óptica, la “acción de oro” sobre Iberia, que el Consejo de Ministros ha aprobado en su última reunión, puede tener sentido, sobre todo cuando la mayor parte de las aerolíneas europeas, con excepciones honrosas como British Airways, tienen en su accionariado a sus respectivos Gobiernos. Desde el momento en que culmine la privatización de la compañía de bandera española, el Gobierno tendrá un plazo de cinco años, prorrogable a dos más, para poder condicionar o vetar una serie de decisiones de Iberia, por ejemplo, la entrada en su capital de nuevos accionistas.
La Comisión Europea, probablemente, pondrá el grito en el cielo. Pero Bruselas debe tener en cuenta que hay Estados de la UE, como Francia, que rechazan casi de plano las políticas de privatización y liberalización --el fracaso de la Cumbre de Estocolmo es un buen ejemplo--, y cuyas empresas públicas tratan de crecer en otros países mediante la adquisición de otras compañías, tanto públicas como privadas. Y eso es algo que el Gobierno español quiere y debe evitar, al menos con las sociedades patrias.
La “acción de oro”, sin embargo, nunca debe servir para proteger a una empresa de las ineficiencias y errores de su dirección. Hoy nos encontramos con que compañías privatizadas, como Endesa o Repsol YPF, acuden al Gobierno en busca de ayuda para evitar ser víctimas de una OPA por parte de sus competidores internacionales. Pero lo que habría que preguntarse es por qué no han seguido estrategias de negocio encaminadas a crecer y ganar peso en Bolsa, como forma de defenderse de los “tiburones” del mercado, en lugar de verse ahora muy endeudadas, lo que ha tirado hacia debajo de la cotización de sus acciones.
Iberia debe aprender esta lección y no pensar que la “golden share” o su liderazgo en el mercado aéreo español constituyen escudos protectores contra cualquier ataque. Por el contrario, la mente de sus directivos debe estar puesta en las ganancias de eficiencia y rentabilidad, en el aumento del valor en Bolsa de la compañía. De esa forma, podrán defender perfectamente su empresa sin necesidad de tener que acudir al Ejecutivo en busca de ayuda. La “acción de oro” no está para eso, sino para otros fines. Los miembros del consejo de administración y los accionistas de Iberia nunca deben olvidarlo. El Ejecutivo tampoco.
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