Al Gobierno argentino no se le ha ocurrido nada mejor para lograr el equilibrio presupuestario y, de esta forma, resolver sus problemas con la deuda externa, que pedir a las empresas españolas instaladas allí que “contribuyan” a un “fondo solidario” con el fin de allegar los recursos necesarios para lograr el déficit cero. Desde el punto de vista argentino, sin duda, esto puede ser una buena idea. Desde otra óptica parece, más bien, un impuesto revolucionario.
El actual Gobierno del país austral no se ha caracterizado, precisamente, por su apoyo a las empresas españolas. De hecho, en más de una ocasión ha promovido el antiespañolismo para distraer la atención de los ciudadanos de los graves problemas por los que atraviesa el país y de la incompetencia de sus dirigentes para resolverlos. En otros casos, ha buscado directamente la confrontación con ellas, cambiando las reglas del juego, para tratar de sustituirlas por compañías estadounidenses. Y ahora resulta que son los nuevos “conquistadores” quienes tienen que sacar las castañas del fuego al Ejecutivo de Argentina. Vaya negocio.
El tándem De la Rúa-Cavallo pretende que las empresas españolas que se han hecho con las compañías argentinas privatizadas y que los bancos españoles que operan allí paguen la factura de platos que ellos no han roto. Por supuesto, a estas sociedades les interesa que Argentina sigua teniendo capacidad para hacer frente al pago de su deuda externa, que no tenga que devaluar y que pueda salir de una crisis que ya dura tres años y todavía no se ve su final. De esta forma, la cuenta de resultados de los “afectados” sería mejor y la cotización de sus acciones mucho más elevada. Pero esa no es razón bastante para que acudan en auxilio de un Gobierno que se niega a hacer sus deberes, que no realiza más que ejercicios de funambulismo de política económica y que, en el pasado, ha sido poco proclive a ellas.
Lo malo de una situación como ésta es que la línea divisoria entre una petición de un Gobierno y una exigencia es demasiado delgada, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes antes comentados. Además, el criterio de selección del Ejecutivo argentino ha sido el de los adjudicatarios de las compañías privatizadas; pero éstos ya pagaron en su momento el precio que tenían que abonar por poder operar en Argentina, por lo que no hay razón para que tengan que verse obligados a rascarse el bolsillo de nuevo, y menos con carácter obligatorio. Eso, se mire como se mire, es una especie de impuesto revolucionario. Y la economía mundial no se rige por esas reglas. Claro que también es impensable que en cualquier país mínimamente serio se produzca una situación como la que vive Argentina en la actualidad y se busquen soluciones como las que trata de aplicar el tándem De la Rúa-Cavallo desde hace algunos meses.
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