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Emilio J. González

Impuestos para comprar votos

A los políticos de nuestro país, por lo visto, se les da muy bien eso de promocionarse saqueando y esquilando el cada vez más paupérrimo bolsillo de los españoles y Zapatero no va a ser la excepción.

La afirmación que acaba de hacer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, acerca de que la subida de impuestos recién aprobada por el Gobierno no va a ser temporal, además de poner de manifiesto que ZP ha vuelto a mentir a los españoles, es muy reveladora tanto de los verdaderos problemas presupuestarios de nuestro país como de las verdaderas intenciones de Zapatero.

En su momento, el presidente del Gobierno dijo que el incremento de la presión fiscal iba a ser temporal con el fin de aliviar las críticas que le han llovido y le están lloviendo desde casi todos los frentes. Sin embargo, Zapatero nuevamente ha vuelto a engañar a la población, en lo que parece ser su tónica habitual en todo lo que se refiere a la crisis: primero la negó, luego le quitó hierro, ahora dice que la recuperación del crecimiento económico y del empleo empezará a partir de mediados de 2010 y, de por medio, lo que iba a ser temporal, esto es, la subida de impuestos ahora va a ser permanente. Y no porque haya cambiado algo sustancial en la economía española en las últimas semanas, que no lo ha hecho, sino porque, en realidad, esa ha sido la intención del Ejecutivo desde un principio. ¿Por qué?

En primer lugar, porque nuestro país se ha pasado años viviendo por encima de sus posibilidades y Zapatero no quiere apretar el cinturón al Estado. Los años del boom inmobiliario proporcionaron a las arcas de Hacienda fuertes ingresos procedentes de todos los impuestos afectados por las tan disparatadas como astronómicas subidas del precio de la vivienda, lo cual permitió a las administraciones públicas disparar sus gastos y, al tiempo, reducir su déficit o ampliar su superávit. Esa situación, sin embargo, se acabó con el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero el Estado se niega a actuar en consecuencia y moderar sus gastos para adaptarlos a esa nueva realidad. El resultado es que el déficit estructural, es decir el déficit público que no se debe a la caída de la recaudación derivada de la recesión, es de entre el 6% y el 7% del PIB. En estas circunstancias, es imposible que España vuelva a situar el desequilibrio de las cuentas públicas por debajo del 3% del PIB en 2012, como ha dicho el Gobierno que hará, si no es con recortes del gasto o de subidas de impuestos. Lo lógico sería actuar por los pagos, lo que implica reducirlos en alrededor de 60.000 millones de euros, pero el Ejecutivo no está por la labor porque eso implicaría que Zapatero tuviera que dejar de gobernar tanto a golpe de ocurrencia como de chequera y no está dispuesto a ello: su objetivo es permanecer en el poder a cualquier precio, endosando la factura al ya más que sufrido contribuyente español. A los políticos de nuestro país, por lo visto, se les da muy bien eso de promocionarse saqueando y esquilando el cada vez más paupérrimo bolsillo de los españoles y Zapatero no va a ser la excepción. Así es que, como el inquilino de La Moncloa quiere seguir apostando por el populismo financiado con el dinero de todos, no quiere recortar el gasto público ni, por tanto, bajar los impuestos.

Además, hay una segunda razón. Zapatero, con sus caprichos, está endeudando a España hasta las cejas y esa deuda exige el pago de unos intereses que se abren paso en el presupuesto o bien a costa de otras partidas o bien incrementando el gasto total y la necesidad de financiarlo con más impuestos. De hecho, la deuda pública alcanzará el 62,5% del PIB en 2010, si uno se cree lo que dice el proyecto de presupuestos, aunque lo más probable es que ese porcentaje luego sea superior, lo que implica que prácticamente se habrá duplicado desde 2007. Desde el Gobierno tratan de quitar hierro a esta situación diciendo que el nivel previsto para el próximo año es manejable. La pregunta es cómo va a serlo si se tiene en cuenta que el Estado ahora apenas gestiona la tercera parte de los gastos totales del sector público cuando, hace doce años, con niveles semejantes de deuda a los previstos para 2010, el Gobierno central manejaba más de la mitad del gasto público. ¿Cómo se va a atender a esa deuda y los intereses que genera sin recortar los pagos? Pues ya se sabe, con más impuestos que retrasarán la salida de la crisis y costarán todavía más puestos de trabajo de los que ya se están perdiendo.

El Gobierno, desde luego, podría cambiar en cualquier momento de estrategia y apostar por una política de saneamiento de las cuentas públicas que permitiera bajar los impuestos y que impidiera que se disparen los tipos de interés, como puede ocurrir en nuestro país a partir del año próximo. Sin embargo, en todo esto, además, hay un componente ideológico muy importante. Zapatero será lo que sea, pero también es socialista, muy socialista diría yo, y lleva en la sangre eso de que tiene que haber mucho Estado y poco mercado, lo que implica impuestos altos. Y para más inri, está en buena parte sometido a los dictados de los sindicatos, que siguen anclados en esa rancia idea de que el gasto público tiene que ser alto, muy superior a lo que lo es en España actualmente, y de que hay que pagar más impuestos, sobre todo los ricos y las clases medias con el fin de redistribuir la renta hacia la clase trabajadora.

Así es que, se mire como se mire, los impuestos han subido, y probablemente lo seguirán haciendo para no volver a bajar después, al menos mientras Zapatero siga en el Gobierno porque necesitará más y más dinero para continuar comprando votos.

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