La política es el arte de lo posible, pero también tiene sus limitaciones, sobre todo cuando se trata de conjugar propuestas incompatibles y objetivos imposibles. En esas se ve en estos momentos el Gobierno, que quiere seguir adelante con la reforma del mercado de trabajo y, a la vez, restaurar y mantener el diálogo social.
Sobre el papel no hay ningún problema para conciliar ambas cosas mientras ese papel siga en blanco. Lo malo es que el Ejecutivo quiere escribir sobre él cosas concretas y según su propio criterio, no al dictado de nadie. En concreto, lo que quiere poner negro sobre blanco es la reforma de la negociación colectiva y una nueva regulación del despido, aunque sin fecha para esto último según el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Las intenciones del Gobierno son lógicas y marchan en la buena dirección. La descentralización de la negociación colectiva es necesaria para acercarla a la realidad de las empresas, de forma que las subidas salariales se produzcan teniendo en cuenta la misma y se vinculen con las mejoras de productividad. De esta forma, los trabajadores obtendrían los incrementos en sus retribuciones que, en justicia, se hubieran ganado sin poner en peligro ni la competitividad de la compañía ni la estabilidad de precios. A su vez, la flexibilización del despido es necesaria para promover tanto la contratación indefinida como la creación de nuevos puestos de trabajo. España es el país de la Unión Europea y de la OCDE con el coste del despido más elevado, lo que lleva a las empresas a utilizar fórmulas de contratación más flexibles como los contratos temporales, que suponen actualmente el 32% del empleo total, o directamente a no ampliar sus plantillas. La necesidad de esta medida, por tanto, obedece a una lógica tan indiscutible como aplastante, aunque no todo el mundo lo ve así, especialmente los sindicatos.
Esta diferencia le plantea un problema al Gobierno. El Ejecutivo quiere restaurar el diálogo social, roto tras la convocatoria de huelga general del 20-J, promovida por las centrales sindicales para protestar por la reforma del desempleo. Sin embargo, los sindicatos no quieren oír ni hablar del asunto si prosiguen las reformas. Para ellos, el Gobierno ya ha quemado tres cartuchos, con las reformas anteriores, y no tiene más para sacar adelante una más, al menos con el consenso de los agentes sociales. Y es que la descentralización de la negociación colectiva no gusta nada en CEOE ni UGT, mientras Comisiones Obreras le hace el juego a la central socialista dentro de la estrategia del secretario general de CCOO, José María Fidalgo, para superar los problemas internos que tiene con el ala izquierda de su sindicato. El Ejecutivo, por ello, trata de fortalecer la posición de Fidalgo con cosas tales como seguir la línea marcada por Comisiones en lo referente a la regulación de las cuotas participativas de las cajas de ahorros, con el fin de que un Fidalgo más estable en su puesto pueda apoyar nuevas reformas laborales como ha hecho en el pasado Comisiones, especialmente en 1997, lo que obligó a UGT a pasar por el aro.
El Gobierno, sin embargo, ahora puede estar cometiendo un error de cálculo. Las reformas en el mercado de trabajo que sugiere o que pretende llevar a cabo entran en el terreno de lo inaceptable para los sindicatos. Por consiguiente, resulta incompatible seguir por esa línea y, a la vez, pretender restaurar el diálogo social. En consecuencia, el Ejecutivo tendrá que decidir qué es lo prioritario para él, si la paz social o las reformas y, en caso de que sea lo segundo, si quiere llevarlas a cabo en esta legislatura en que ya le han convocado una huelga general que ni fue éxito ni fracaso o prefiere esperar a la próxima si es que repite victoria en las urnas.
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