Pocos meses han durado las buenas intenciones del Gobierno en materia de reforma laboral. El Ejecutivo aprobó por decreto la reforma del desempleo en vísperas de la huelga general del 20 de junio y ya está empezando a dar marcha atrás, a pesar de que la convocatoria fue un fracaso. Pero al PP parece que, de repente, ha empezado a entrarle cierto temor de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2003 y no quiere concurrir a ellas con demasiados frentes abiertos, especialmente si al otro lado de las trincheras están los sindicatos.
El resultado de esos temores ha sido una marcha atrás, relativa, en algunos puntos del famoso ‘decretazo’, especialmente en lo relativo a la desaparición de los salarios de tramitación, que queda suavizada a un recorte que los deja en veinte días frente a los sesenta de la legislación todavía vigente. El problema, sin embargo, no es este cambio en sí mismo, sino que da alas a los sindicatos para reclamar nuevas concesiones. Y ese es el quid de la cuestión, porque el Gobierno no puede ceder mucho más, ni por razones políticas, ni, sobre todo, por causas económicas.
El gran reto para la política económica en 2003 no es el crecimiento, sino la estabilidad de precios. Hoy por hoy, la economía española crece sobre sí misma, esto es, sobre su demanda interna, que se verá estimulada todavía más el año próximo por las medidas de política fiscal incluidas en el presupuesto para el siguiente ejercicio que aportarán un punto al aumento del PIB. Esta estructura de crecimiento será una fuente de tensiones inflacionistas si el funcionamiento de los mercados no es todo lo eficiente que debiera, y el mercado de trabajo es uno de ellos. Si se tiene en cuenta, además, que la política monetaria del Banco Central Europeo es, hoy por hoy, muy relajada para las necesidades de la economía española y que, incluso, se podría producir una bajada de los tipos de interés en los próximos meses, la necesidad de medidas que eviten un repunte de la inflación y acerquen la tasa de aumento del IPC al objetivo del BCE del 2% es evidente. Si se añade que el precio del petróleo todavía puede dar algunos sustos, en especial si hay guerra con Irak, la necesidad de reformas estructurales para que los mercados sean más eficientes es todavía más acuciante.
Entre esas reformas necesarias, probablemente la más importante y la que no se puede demorar en el tiempo es la del mercado de trabajo, puesto que en la mayor parte de los sectores productivos ya se ha producido la liberalización total, y en los que faltan el proceso ya está en marcha. Pero en materia laboral todavía queda mucho por hacer, con el fin de fomentar la creación de empleo y permitir que las subidas salariales se produzcan en función de las ganancias de productividad para que no haya problemas de inflación ni de competitividad.
Esas reformas, sin embargo, no son fáciles de llevar a cabo porque suscitan muchas resistencias entre los agentes sociales. La patronal CEOE no quiere oír ni hablar de la descentralización de la negociación colectiva y los sindicatos no quieren saber nada ni de ella ni de otras muchas cosas, con el agravante de que se han metido en una batalla política contra el Gobierno del PP. El Ejecutivo, no obstante, insiste en que hay que proseguir por la senda reformista y quiere hacerlo mediante el diálogo social. Su posición es lógica porque, de conseguirlo, las cosas serán mucho más fáciles. Pero igual que dos no discuten si uno no quiere, tampoco hablan si una de las partes se niega, y los sindicatos tienen la boca llena de expresiones como la de un destacado líder sindical que dijo que “este Gobierno no va a volver a hacer una sola reforma laboral más”. Por ello, el Ejecutivo ha cometido un error al empezar a dar marcha atrás en la reforma del desempleo: eso ha envalentonado a unos sindicatos que no sólo no van a cambiar de actitud, sino que ahora empiezan a sentirse crecidos.
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