La inversión empresarial siempre entraña riesgos. Esta es una de las razones que justifican los beneficios de las compañías. Pero esos riesgos no son siempre los mismos, especialmente cuando una sociedad se embarca en aventuras internacionales, porque no todos los países tienen el mismo grado de estabilidad económica y política: donde reina, el riesgo es mucho menor que donde brilla por su ausencia. Argentina se encuentra más cerca del segundo caso que del primero.
El gran país austral salió a principios de la década de los noventa de una dictadura militar que asoló su economía y dejó maltrechas sus instituciones. La democracia mejoró las cosas pero fue siempre una fuente de incertidumbres políticas que se dejaron sentir sobre la economía: los primeros gobiernos empezaron a resolver los problemas económicos pero los siguientes no concluyeron el trabajo a causa de corrupciones y problemas políticas internos; ahora se ven las consecuencias con la devaluación y las medidas que está tomando el Ejecutivo de Dualde que, sin duda, van a pasar factura a las sociedades españolas con intereses allí que, de momento, ya tuvieron que adelantar el importe de tres años del impuesto de sociedades.
BBVA y SCH, en principio, sufrirán las consecuencias de la suspensión de pagos de la deuda, de la devaluación y de la obligación de pasar a pesos los créditos por importe inferior a cien mil dólares. Pero los dos grandes bancos españoles empezaron a prepararse hace tiempo para el desastre actual y el impacto sobre sus cuentas no será muy importante.
Otra cosa muy distinta es lo que pase con Repsol YPF, que sufrirá por el impuesto a la exportación del petróleo creado por el nuevo Gobierno. La petrolera hispano-argentina podría reducir allí su producción y comprar crudo en otros lugares, por ejemplo, en Rusia. Pero, ante esta posibilidad, el Ejecutivo podría optar por retirar a la compañía que preside Alfonso Cortina las concesiones de explotación de los yacimientos argentinos. Por tanto, lo más probable es que tenga que aceptar el impuesto, con todas las consecuencias.
Luego viene Telefónica. El Gobierno quiere modificar el sistema actual de tarifas, fijadas en dólares y revisadas anualmente con la inflación de EEUU. Esto es lógico. Pero al Ejecutivo le gustaría revisar también las reglas de juego establecidas en el momento de la privatización de los servicios telefónicos. Eso ya lo intentó Fernando de la Rúa en junio de 2000 pero le salió el tiro por la culata. Ahora, el Ejecutivo de Dualde vuelve a la carga y, si se sale con la suya, supondrá un perjuicio para Telefónica que ha invertido miles de millones de dólares en modernizar la infraestructura de telefonía del país. Todo dependerá de si el Gabinete se aviene a razones y negocia con las empresas el contenido de las medidas que prepara.
Eso mismo sucede con Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona. En cuanto a otras compañías, como Dragados, Acesa, Mapfre o Marsans, esta última adjudicataria de Aerolíneas Argentinas, en principio sólo se verán afectadas por la devaluación ya que el Gobierno ha limitado, por ahora, sus medidas, a los sectores bancario y de servicios públicos esenciales -telefonía, agua y alumbrado-. Pero no se puede descartar que, en el futuro, puedan verse afectadas por alguna decisión, sobre todo si el Ejecutivo agita la bandera del imperialismo español para desviar la atención del público de otros problemas importantes.
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