Los recortes de impuestos constituyen una poderosa arma electoral. La mayoría absoluta que cosechó el Partido Popular en las urnas hace exactamente un año obedece, en parte, a la política de recortes fiscales de la pasada legislatura, que el Gobierno quiere repetir en ésta. Y como los estrategas electorales conocen a la perfección el rédito en votos que tienen estas medidas --el propio Joaquín Almunia pedía a los ciudadanos durante la campaña electoral que no votase sólo con la cartera--, han establecido un calendario de bajadas de impuestos muy favorable a sus intereses electorales.
Ésta es, probablemente, la razón principal que ha llevado al PSOE a criticar las bajadas de impuestos que prepara Cristóbal Montoro. En un documento interno, los socialistas afirman que esta política haría más vulnerable la economía española porque se aplicaría en un momento de desaceleración del crecimiento económico, en el que la recaudación tributaria seguiría una pauta similar. Es decir, el déficit público volvería a campar tranquilamente por España, con el consiguiente peligro para la estabilidad de precios.
Sin embargo, esta visión se corresponde poco con la realidad. En primer lugar, los nuevos recortes fiscales tendrían como efecto estimular la actividad empresarial y el gasto de los hogares, lo que contribuye a sostener el crecimiento económico y la recaudación tributaria a través de los impuestos indirectos. Por tanto, la incompatibilidad con el momento actual del ciclo económico no existe. Es más, esos recortes fiscales pueden aumentar la recaudación tributaria, aunque, en este caso, los socialistas lo niegan de plano. Pero las cifras son las cifras y ahí están las memorias de la Agencia Tributaria para dar fe de ello.
El PSOE, de todas formas, va un paso más allá y critica que el esquema fiscal del PP descanse en la imposición indirecta. Sin embargo, no tiene en cuenta que cargar las tintas sobre los impuestos directos frena el consumo porque limita las rentas de los ciudadanos, se convierte en un corsé para la inversión porque reduce los beneficios empresariales que la financian y cercena la creación de empleo porque los impuestos directos, de una u otra forma, gravan el uso del factor trabajo y lo encarecen.
Otra cuestión es el déficit público. Supongamos, como piensa el PSOE, que la recaudación no va a aumentar si se vuelven a bajar los impuestos. Esto obligaría a recortar el gasto público para evitar que los presupuestos se salden con números rojos. Pero el Gobierno se ha comprometido a aprobar este año una ley de estabilidad presupuestaria que prohíbe hacer presupuestos con déficit, lo que obligaría al Ejecutivo a reducir los pagos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha confirmado en varias entrevistas. Por tanto, el equilibrio fiscal no correría peligro si el Gobierno actúa de acuerdo con los principios de política presupuestaria que expone.
Las críticas del PSOE a las bajadas de impuestos, en consecuencia, carecen de fundamento económico. Otra cosa es desde el punto de vista político. A fin de cuentas, aspiran a ganar las elecciones; por eso, tratan de arrebatarle triunfos al adversario. Pero eso son estratagemas electorales que tienen poco que ver con la realidad política.
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