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Emilio J. González

La comisión Intermoney

Debería haber una comisión de investigación. Aquí no vale ese desmentido realizado por Zapatero en la sesión de control al Gobierno porque ni se lo cree nadie ni las cosas están como para bromas.

Emilio J. González
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Desde hace tiempo ya se sabe que aquello que dijo Zapatero durante la campaña electoral de que el Parlamento iba a ser el centro de la vida política no era más que una declaración de cara a la galería. Pero, tal y como están las cosas en estos momentos en relación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, el Congreso de los Diputados debería tomar cartas en el asunto y abrir una comisión de investigación, tal y como ha demandado Rajoy, una comisión que debería llamarse la "comisión Intermoney".

Unas acusaciones como las lanzadas por el ex-presidente de la CNMV, Manuel Conthe, acerca de los informes sobre el presidente del BBVA, Francisco González, elaborados por el equipo de Miguel Sebastián cuando éste estaba al frente de la Oficina Económica no se pueden pasar por alto así como así. Conthe supo del asunto desempeñando un cargo oficial y, desde el conocimiento de los hechos propio de su puesto, incluyendo la documentación entregada por el redactor jefe de la SER, hecho que dio a conocer mediante un comunicado oficial de la CNMV, ahora ha realizado esas imputaciones. Por consiguiente, resulta bastante difícil de creer que desde Moncloa no se hubiera hecho nada, como dice Zapatero. Y si resulta difícil de creer, la cosa es como para poner los pelos de punta a cualquiera. En la antigua Unión Soviética, desde el Gobierno, a través de la KGB, se hacían informes detallados sobre todo tipo de personas, que llegaban, incluso, a investigar si los antepasados de tal o cual personaje habían sido comunistas o no. Luego llegaban los nombramientos y las depuraciones. Lo del informe sobre Francisco González es algo por el estilo, con el agravante de que los hechos no han tenido lugar en una dictadura sino en una democracia.

Además, tampoco se debe olvidar que el candidato del Gobierno, o sea, de Sebastián, para sustituir a Francisco González al frente del BBVA era, ni más ni menos, que el propio presidente de Intermoney y autor de uno de los polémicos informes, José Pérez. El señor Pérez tiene toda la libertad del mundo de trabajar donde quiera, donde le contraten o donde le coloquen los amigos. El problema no es la persona. El problema es que procede de una entidad financiera que ha dado lugar a la formación de un clan en el seno del Gobierno.

Sebastián procedía de Intermoney, lo mismo que el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas. Desde la llegada al poder de los socialistas, el clan de Intermoney se ha movido para tratar de colocar a su gente en puestos clave de la supervisión del sistema financiero. Así, Sebastián promovió a su amiga de los tiempos de la Universidad de Minessota, Soledad Núñez, al cargo de directora general del Tesoro. Arenillas, el fundador de Intermoney y quien contrató a Sebastián para la casa de valores, fue nombrado vicepresidente de la CNMV después de que Sebastián tratara de colocarlo al frente del organismo. El propio Sebastián jugó sus cartas para ser nombrado gobernador del Banco de España. Y ahora resulta que el nuevo presidente del supervisor de los mercados financieros, Julio Segura, es cliente de Intermoney. El deseo de este clan de coparlo todo, por tanto, es más que evidente. Pero lo grave no es esto sino algunas actuaciones que delatan aspectos muy serios. Por ejemplo, Intermoney fue el broker que se dedicó a vender acciones de Endesa y hacer caer su precio para facilitar que Gas Natural triunfara en su OPA sobre la eléctrica, antes de que los alemanes de E.On entraran en escena.

En consecuencia, esa comisión de investigación que, por desgracia, muy probablemente jamás verá la luz, debería analizar también qué hace el clan de Intermoney, cómo utiliza sus posiciones en los organismos supervisores del sistema financiero y cómo y para qué fines utiliza la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. La participación de su actual director, David Taguas, en la entrada de Enel en la batalla por Endesa está más que contrastada. Conthe, además, denunció presiones desde Moncloa para que aprobaran la OPA de Enel y Acciona. Y no hay más que ver la lista de quienes votaron en contra de sancionar a las dos empresas –entre ellos, Arenillas, Segura y Núñez– para pensar que el clan de Intermoney ha tenido mucho que ver en todo este asunto.

Por todo ello, debería haber una comisión de investigación. Aquí no vale ese desmentido realizado por Zapatero en la sesión de control al Gobierno porque ni se lo cree nadie ni las cosas están como para bromas. La vitalidad del sistema financiero español depende de que los inversores y ahorradores confíen en que serán tratados por igual y en que habrá alguien que vele porque sus intereses, que, en realidad, son sus derechos. Cuando la CNMV ha actuado en el caso Endesa como lo ha hecho, cuando su vicepresidente ya debería haber dimitido o sido cesado y, sin embargo, sigue en el cargo, resulta difícil mantener esa confianza. Para restaurarla, es preciso que haya luz y taquígrafos sobre este feísimo asunto. Claro que, como Zapatero hace lo contrario de lo que dijo en campaña, nos quedaremos a oscuras, sin saber la verdad y con la CNMV hundida en la miseria.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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