La actitud del Gobierno español en el conflicto que enfrenta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Telefónica con la Comisión Europea es inaudita. Bruselas, en una actuación más que discutible, no solo sanciona a la operadora española por actuaciones a las que estaba autorizada por la CMT, sino que además se pavonea diciendo que no teme un recurso en contra porque su argumentación es jurídicamente sólida. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue de brazos cruzados pese a que el regulador de las telecomunicaciones le está pidiendo que intervenga. Cualquier otro Gobierno de la Unión Europea al que le hubiera sucedido esto ya habría saltado al cuello de la Comisión.
Con la sanción a Telefónica, Bruselas acaba de plantear un conflicto de competencias entre la Unión Europea y los estados nacionales acerca de quién tiene la capacidad de establecer las reglas del juego en el sector de las telecomunicaciones. Desde finales de los 90, dicho sector está liberalizado a escala europea, pero eso no implica que sean las autoridades comunitarias quienes tengan que entender de la regulación de los mercados nacionales siempre que se permita operar en ellos a compañías pertenecientes a otros países de la Unión. Debido a ello, Alemania pudo parar los pies a Telefónica a principios de esta década y Francia sigue protegiendo a France Telecom. Es decir, al final, las autoridades nacionales tienen mucho que decir en esta materia.
La Comisión, sin embargo, acaba de saltarse este principio sin que esté nada claro que cuente con competencias para ello. Es en este punto en el que el Gobierno tendría que haber tomado cartas en el asunto porque lo que está sobre la mesa no es solo una sanción injusta a la operadora española: es un conflicto de competencias en toda regla entre las autoridades comunitarias y las españolas. Sin embargo, el Ejecutivo parece mirar hacia otra parte y dejar libre el campo de batalla a la Comisión. Ningún Gobierno político de la Unión Europea consentiría jamás semejante cosa.
La actitud del Gobierno en el caso Telefónica contrasta con la beligerancia manifestada por el Ejecutivo con ocasión del caso Endesa. Entonces, cuando la Comisión Europea quiso atribuirse las competencias para analizar la OPA de Gas Natural sobre la eléctrica presidida por Manuel Pizarro, el Ejecutivo luchó con uñas y dientes para que este asunto se dirimiera en España, aunque, claro, como se trataba de una operación política es lógico que no quisiera dejar que se le escapara el tema. Aún así, aquellas actuaciones contrastan tan abiertamente con la pasividad que está manifestando ahora el Gobierno respecto a la sanción de Telefónica que no puede evitarse que nos preguntemos por qué.
Ya se sabe que Joan Clos, como su predecesor, José Montilla, es más un ministro de asuntos catalanes que de Industria, pero Montilla, por lo menos, trataba de guardar las formas y actuaba en circunstancias como las actuales. A Clos, sin embargo, parece que todo esto le trae al pairo, pese a que se trata de un caso que cae abiertamente en su ámbito de competencias. Zapatero, por su parte, debería tomar cartas en el asunto pues, a fin de cuentas, es el presidente de todos los españoles y su misión es defender los intereses de los nuestros dentro y fuera de las fronteras del país. Además, lo que tiene que hacer él es sencillo: se trata, simplemente, de dar la orden a Clos y al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de que se muevan. Pero ZP no hace nada de eso. ¿Por qué? No lo sé, pero es dramáticamente incomprensible.
