¿Tiene verdaderamente intención el Gobierno de privatizar las cajas de ahorros? Por las manifestaciones de Zapatero el jueves y de De la Vega el viernes, eso es lo que parece. Pero lo cierto, sin embargo, es que la reforma de estas instituciones de crédito que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, aunque abre las puertas a que en el futuro las cosas puedan ser así, hoy por hoy lo único que ha hecho ha sido introducir cambios para que las cajas puedan sobrevivir preservando su naturaleza. Y mientras ésta última no cambie, no se puede hablar de privatización. El análisis de las medidas que se acaban de adoptar así lo demuestra.
El Gobierno, por ejemplo, va a permitir que las cajas de ahorros puedan vender hasta el 50% de su capital a inversores privados, ya sean otras entidades financieras, ya sean inversores institucionales, ya personas individuales, a través de la emisión de cuotas participativas con derechos políticos, esto es, que permitirán a sus tenedores votar en la asamblea de la caja en cuestión e, incluso, participar en sus órganos de gobierno. En cierto modo, esto supone un avance en la gestión de las cajas de ahorros, ya que las cuotas participativas cotizarán en el mercado y, por tanto, los dirigentes de estas entidades se verán más controlados tanto por el mismo como por los titulares de dichas cuotas participativas, a los que tendrán que rendir cuentas. Sin embargo, para poder hablar verdaderamente de privatización hay que referirse a quién detenta el control de las cajas, a quién puede ejercer verdaderamente su poder sobre ellas. Y como el otro 50% del capital seguirá en las manos de los de siempre, o sea, los políticos, éstos también conservarán el control y la capacidad de decisión. En consecuencia, aquí no hay privatización alguna.
Lo que realmente se consigue con esta medida es facilitar a las cajas que funcionen razonablemente bien nuevas fuentes de financiación, teniendo en cuenta que el mercado interbancario hoy por hoy está seco para las entidades crediticias españolas. Además, entre tomar dinero prestado fuera de nuestro país, como han venido haciendo en los últimos años, o conseguirlo a través de la emisión de cuotas participativas hay una diferencia muy importante: los créditos generan las obligaciones de pagar intereses y devolver el principal mientras que las cuotas no generan obligación ninguna (las cajas pagarán dividendos cuando puedan y como quieran y no tienen por qué devolver el capital). Este es el verdadero quid de la cuestión de la reforma que acaba de aprobar el Gobierno, el permitir que las cajas se financien en el mercado de forma distinta a como lo venían haciendo hasta ahora, que está bien porque introduce más competencia entre ellas y en el sector crediticio en general, pero que no es una privatización propiamente dicha.
Lo de la despolitización también hay que tomarlo con las debidas salvedades. Es cierto que, a partir de ahora, los cargos electos no podrán sentarse en los órganos de gestión de las cajas, pero su presencia tampoco es necesaria para mantener el control político de las mismas. Mientras los políticos conserven en sus manos el 50% del capital de las cajas podrán seguir nombrando a quien quieran y controlarlas a través de ellos. Además, para que las cajas quedaran completamente despolitizadas habría que hacer algo más que el Gobierno, de momento, ha pasado por alto: retirar a las comunidades autónomas la capacidad de legislar en materia de cajas, que es otro instrumento de control político. Así es que, de despolitización, nada de nada. Lo que ocurrirá será que los políticos ya no puedan actuar de forma tan descarada sobre las cajas que emitan cuotas participativas como lo han venido haciendo hasta ahora, porque sus gestores tendrán que dar cuenta de sus acciones a los tenedores de cuotas y al mercado. Pero el control, lo que se dice el control, seguirá en las mismas manos que siempre. Y si estas manos deciden no emitir cuotas, no habrá habido cambio alguno.
En relación con la posibilidad de que las cajas puedan transformase en fundaciones, en las que estaría su obra social, y ejercer su actividad crediticia a través de bancos sucede tres cuartos de lo mismo. El problema no es si son galgos o podencos, cajas o bancos, sino quién tiene el control. La creación de un banco por parte de una caja no es más que un cambio de instrumento, que permite más posibilidades en el ejercicio de la actividad financiera que las que tiene una caja, pero el control seguirá en manos de quien controle esa caja convertida en fundación, es decir, más de lo mismo.
Esta reforma, en resumen, cambia muchas cosas que afectan a las capacidades operativas y de financiación de las cajas, lo cual es bueno porque quienes se acojan a estas nuevas posibilidades tendrán que someterse, necesariamente, a la disciplina del mercado. Sin embargo, la verdadera naturaleza de las cajas sigue sin modificarse y mientras esto no cambie seguirán en manos de los políticos. Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, por tanto, no es una privatización, aunque pueda abrir las puertas a la misma, sino un cambio para que, en última instancia, todo siga igual.