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Emilio J. González

La gran duda

Emilio J. González
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¿De qué manera piensa el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, seguir reduciendo el paro? Esta es una de las grandes dudas en torno al Gobierno del PSOE. Los socialistas han heredado del Partido Popular una economía con buen estado de salud, en la que el umbral de creación de empleo ha bajado desde un crecimiento económico del 3% hasta un punto situado por debajo del 2% que los expertos sitúan entre el 1,5% y el 1,7%. Sin embargo, confiar sólo en la marcha de la economía para mejorar la situación laboral de muchos españoles es un problema en estos momentos en que han empezado a cambiar cosas importantes en el telón de fondo.
 
El precio del petróleo cerca de los 40 dólares por barril restará varias décimas al aumento del PIB y, sobre todo, provocará un aumento de los costes empresariales que afectará a su capacidad de inversión y contratación. El alza como un cohete de la cotización del crudo, además, ha provocado el adelanto de las subidas de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, que antes no se veían hasta finales de este año o principios del siguiente y ahora se esperan para el entorno del verano, lo que también influirá en los costes empresariales y el crecimiento económico. En este contexto, Caldera acaba de anunciar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 6,6%, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, lo que no se puede decir que constituya una buena noticia.
 
El anuncio realizado por Caldera tiene, al menos, dos grandes inconvenientes para la evolución del empleo. El primero de ellos afecta a los costes de las empresas. Ahora que éstos se ven impulsados al alza por la preocupante evolución del petróleo y la anticipación del encarecimiento del precio oficial del dinero, el ministro de Trabajo ha echado un poco más de leña al fuego en forma de mayores costes laborales si la subida del SMI, como es probable, se traslada a la negociación colectiva para afectar a los resultados empresariales y la capacidad de creación de puestos de trabajo de las compañías. Éste, desde luego, no era el mejor momento para adoptar semejante medida, y menos aún cuando la ampliación de la Unión Europea a diez países del Este de Europa, igual de competitivos que España en términos de cualificación de la mano de obra y mucho más desde el punto de vista de los costes laborales, puede dar lugar a un proceso de deslocalización de empresas que ya ha tenido su prólogo en Cataluña y que desde hace tiempo pende como una espada de Damocles sobre el sector de la automoción instalado en suelo hispano.
 
El segundo gran inconveniente afecta a la naturaleza misma del problema del desempleo en España. Una buena parte del paro actual, que afecta a algo más del 11% de la población activa, reside en factores estructurales, no en la falta de ofertas de empleo puesto que, en 2003, quedaron aproximadamente medio millón de vacantes sin cubrir en un país con algo más de dos millones de parados. ¿Cómo es posible? Porque muchos preceptores de las prestaciones por desempleo, sobre todo en Andalucía y Extremadura, las dos autonomías en las que se concentra el 40% del total de parados de nuestro país donde, además, también cobran el PER, con lo que no tienen demasiados incentivos para embarcarse de lleno en la búsqueda de un puesto de trabajo. Con la subida del SMI, que afecta al cálculo de la prestación por desempleo, esa situación, en lugar de corregirse, tienen un elemento más para consolidarse. El PP trató de corregir tímidamente esta disfunción con el famoso ‘decretazo’, aunque luego, de manera inexplicable, dio marcha atrás. Los socialistas no es que lo hayan intentado de nuevo, es que han cogido el camino contrario. ¿Cómo piensan crear empleo? Esta es la pregunta del millón de euros.

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