Si en este país la Justicia funcionara con eficacia, hoy mismo los tribunales deberían tomar cartas en el asunto de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, abrir una investigación sobre lo sucedido con el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en torno a esta operación y exigir al organismo regulador que elaborase un nuevo estudio, esta vez imparcial e independiente, y al Gobierno que no tomase en consideración, en su decisión final sobre la operación, el que le ha remitido la institución que preside Maite Costa.
Desde el primer momento, toda la operación se ha visto envuelta en la polémica, en parte por las repercusiones para la competencia en el mercado energético y para los consumidores, que la CNE pretende obviar a cualquier precio; en parte por el papel activo a favor de Gas Natural adoptado desde el principio por el Gobierno y por los órganos reguladores que controla –como la propia CNE y la Comisión Nacional del Mercado de Valores–. Las revelaciones que acaba de realizar el diario El Mundo acerca de la manipulación del informe elaborado por los técnicos de la Comisión Nacional de la Energía no hacen sino enfatizar precisamente estos extremos. Porque lo que desvela el periódico que dirige Pedro J. Ramírez es, ni más ni menos, que las alteraciones de dicho informe se produjeron para que, desde el punto de vista del regulador del sector energético, en lugar de ser contrario a la operación fuera favorable. Este hecho, en sí mismo, ya es condenable porque lo que se tiene que exigir a la Administración, en estos casos, es que sea neutral y se preocupe tan solo por el interés público, no que tome partido descarado, como está haciendo el Ejecutivo, a favor de una de las partes y en contra de la otra, con independencia de los perjuicios que pueda ocasionar a esta última y del daño que resulte para el interés general de los consumidores y del país.
Pero si lo anterior ya es de por sí grave, más lo es todavía el que quienes hayan alterado de manera sustancial e inequívoca el informe de los técnicos, para eliminar cualquier vestigio de rechazo a la OPA y convertirlo en favorable, hayan sido dos consejeros propuestos por el propio PSOE, Luis Albentosa y Jaime González, ambos muy vinculados con el Gobierno y enemigos acérrimos del PP. González, como se sabe, es amigo personal de Zapatero y carecía y carece de las cualificaciones necesarias para ser vocal de la CNE. Albentosa, por su parte, es amigo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el actual secretario de Estado de Hacienda, que lo incorporó a la plantilla de la CNE cuando Mafo fue su presidente, a mediados de la década de los noventa, y, desde ese puesto, se dedicó a hacerle la oposición al Gobierno del PP, unas veces con razón, las menos, y otras sin ella, las más, con la ayuda técnica del propio Albentosa. Ambos consejeros no han actuado movidos por lo que se espera de su cargo, sino por razones muy distintas y del todo punto reprobables.
En consecuencia, el resultado final ha sido un informe favorable a lo que quiere el Gobierno desde el principio, esto es, que la OPA triunfe a cualquier precio. Pero la CNE, en teoría, no está para eso sino para velar por el correcto funcionamiento del sector energético y de los intereses generales de los españoles. Sin embargo, la Comisión, lejos de actuar como cabe esperar de un regulador en un país serio de la Unión Europea, se ha mostrado parcial y servil con los deseos de Zapatero, ansioso por desplazar de sus cargos a los presidentes de empresas privatizadas nombrados por el PP y por satisfacer a Esquerra Republicana de Catalunya, el partido que sostiene a los socialistas en el poder tanto en Cataluña como a nivel nacional. En un Estado serio, esto es inadmisible porque vulnera los derechos de los ciudadanos y las empresas.
En este sentido, no hay que olvidar los perjuicios que todo esto está ocasionando a Endesa y a sus accionistas. De momento, Polonia acaba de anunciar que vetará la adquisición de la polaca Dolna por parte de la eléctrica española si triunfa la OPA, lo que supondría un serio golpe para el futuro de la propia Endesa y para la rentabilidad que esperan obtener sus accionistas que, en definitiva, son sus dueños. A ello se suman las acciones de Gas Natural, ayudado por el Gobierno y la CNMV, para que, por ejemplo, Endesa no pague a sus accionistas el dividendo prometido por la venta de su participación en Auna, lo cual también perjudica a los accionistas de Endesa, que es por los que no vela nadie. Y, por desgracia, el rosario de circunstancias escandalosas posiblemente no concluye aquí porque la próxima puede venir de la mano de un Tribunal de Defensa de la Competencia, presidido por el socialista Luis Berenguer quien, personalmente, se ha mostrado desde el principio partidario de la operación sin ni siquiera haberla analizado previamente, y que puede dar a conocer su informe la semana próxima, con toda España pendiente de las festividades navideñas y sin prestar apenas atención a lo que depare la actualidad, para tratar de evitar un nuevo escándalo o, por lo menos, que éste sea mucho menor de lo que resultaría en circunstancias normales.
A la luz de todo esto, insisto, si la Justicia en España funcionara debería tomar cartas en el asunto porque se está produciendo una utilización del poder y de los mecanismos de la Administración encaminada a favorecer intereses particulares que viola cuestiones tan fundamentales como la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, ya sean consumidores o accionistas de Endesa. Y encima luego se pretende hacer ver que la OPA no está politizada. Esto no hay quien se lo trague.