Los políticos empiezan a enfrentarse con la realidad. El gasto público en sanidad es insostenible en España y sólo hay dos soluciones para el problema: una de ellas es seguir subiendo los impuestos para financiar unos pagos que crecen desbocados, otra es embridar esos gastos. Nadie quiere asumir la responsabilidad de lo uno o lo otro.
El Gobierno lleva casi seis años en el poder, los dos últimos además con mayoría absoluta. Sin embargo, tras lanzar globos sonda sobre la aceptación popular de las medidas de racionalización de la sanidad, optó por traspasar a las comunidades autónomas la responsabilidad de su reforma o su financiación, después de ponerlas el cinturón de hierro de la ley de estabilidad presupuestaria. Y ahora, las autonomías le dicen al Gobierno que resuelva él el problema.
Al Gobierno entonces se le ocurrió autorizar a las autonomías a que aprobasen una tasa sobre las gasolinas para financiar esos gastos y, claro, como es lógico, las comunidades contestaron al Ejecutivo que ellas no estaban dispuestas a asumir el coste político de subir los impuestos y que lo hiciera el Estado si quería. Claro que tampoco estaban por la labor de recortar gastos, también hay que decirlo. Entonces a Hacienda se le ocurrió una solución salomónica: yo subo la mitad y vosotros la otra mitad y nos repartimos el coste político. Pues bien, las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han votado en contra y algunas de las gobernadas por el PP, pese a votar a favor en bloque, luego han dicho que naranjas de la China. Eso sí, el Gobierno ha contado con el apoyo de Canarias y, sobre todo, de Cataluña, de quien parte la idea de la tasa y que tiene el gasto sanitario desmadrado.
Todo esto lo que pone de manifiesto, argucias políticas aparte, es que a los políticos autonómicos les ha llegado la hora de la verdad, el momento de afrontar la gran cuestión de qué hacer con el gasto sanitario. Quien no quiera reformarlo ya sabe lo que le toca: o subir impuestos o recortar gastos. Y a quien no le gusten estas opciones no le quedará más remedio que ponerse manos a la obra. ¿No querían competencias? Ahí las tienen. Claro que el Estado también podría haber puesto en estos años algo de su parte en lugar de trasladar la patata caliente a los demás.
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