Al Gobierno debería caérsele la cara de vergüenza ante la grave situación socioeconómica que vive nuestro país, una situación cuyo dramatismo no sólo ha puesto de relieve la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2008 –y sobre todo, el reconocimiento de la necesidad de tener que aprobar ayudas adicionales no sólo a las más de 820.000 familias en las que todos sus miembros se encuentran en paro– sino también al millón largo de personas que, a lo largo de este ejercicio, van a perder la prestación por desempleo.
Según la EPA, en España ya hay 3,2 millones de parados, el 13,9% de la población activa, cifras de por sí escandalosas que serían todavía peores si el Gobierno no hubiera procedido a maquillarlas sacando del desempleo a quienes están afectados por procesos de prejubilación. Los datos demuestran que el paro está creciendo en España a un ritmo galopante y en poco más de un año hemos pasado de una tasa del 8% a prácticamente el 14%. Y eso cuando aún no hemos pasado lo peor de la crisis porque, según la Comisión Europea, todavía nos queda año y medio de recesión por delante y luego vaya usted a saber. Así es que el problema, lejos de mejorar, lo cierto es que va a ir a mucho peor, aun cuando el Gobierno diga que este año no vamos a superar la cifra de cuatro millones de parados y que la tasa será del 15,7%. A la luz de la última EPA, eso no se lo tragan ni los más fervientes seguidores del PSOE. Pero esto, por desgracia, ya no es cuestión de datos, sino de responsabilidades y de preguntarse qué se va a hacer para solucionarlo.
Hasta ahora el Gobierno ha venido insistiendo en que la culpa es de la crisis financiera internacional cuando, allá por el verano de 2007 –antes de que ésta empezara a estallar en toda su magnitud– el Ejecutivo ya sabía lo que estaba ocurriendo porque nuestra propia crisis, la del estallido de la burbuja inmobiliaria y la de la pérdida de competitividad que Miguel Sebastián quiere arreglar a golpe de nacionalismo económico, ya se estaba notando. Entonces se debería haber empezado a tomar las medidas necesarias para evitar la gravedad del deterioro que está alcanzando la situación, esas medidas que, en realidad, el Gabinete debió de adoptar allá por 2004 en lugar de limitarse a vivir de las rentas de la política económica del PP. Pues bien, en lugar de hacerlo, como todo el mundo sabe, Zapatero y los suyos se dedicaron a negar la mayor –o sea, la crisis– y a derrochar el superávit presupuestario en medidas electoralistas. Con ello se alimentó y agrandó innecesariamente nuestro actual drama socioeconómico.
Ahora, además, las cosas se van a poner mucho peor. El electoralismo presupuestario de Zapatero ya se ha traducido en el inicio de la subida de los tipos de interés en España y en la rebaja de la calificación de nuestra deuda. Justo cuando el BCE está recortando el precio del dinero, cuando la inflación se está situando en mínimos históricos y cuando España está entrando en una larga y profunda recesión, los tipos de interés en nuestro país en lugar de bajar, como sería lo lógico en semejante contexto, están subiendo para agravar todavía más las cosas. Y todo por culpa de los excesos presupuestarios del Gobierno y de su falta de voluntad para empezar a aplicar la política económica que requieren las circunstancias.
Aquí ya no se trata de si las empresas ganan o van a ganar más o menos dinero; sino de que la irresponsabilidad del Ejecutivo la están padeciendo las familias que sufren el azote del paro, y aún más las personas que van a perder la prestación por desempleo. Una buena parte de este sufrimiento se podría haber evitado si el Gobierno hubiese hecho sus deberes a tiempo en lugar de dilapidar el superávit presupuestario. Sin embargo, Zapatero y sus políticas han provocado que una crisis que tenía que llegar necesariamente sea mucho más grave y prolongada de lo que habría sido con una política económica seria y ortodoxa. Y lo malo es que, a pesar del dramatismo de las cifras de la EPA y de las previsiones económicas serias, lejos de reaccionar como debería hacerlo, el Gabinete sigue en sus trece, malgastando los recursos públicos con los 8.000 millones de ayudas a los ayuntamientos y con los 10.000 millones para el nuevo e innecesario sistema de financiación autonómica. No se ha puesto manos a la obra para superar un drama que tiene muchas caras personales, las de los millones de personas en paro o que van a perder su trabajo y las de quienes están a punto de quedarse sin prestaciones por desempleo. Y luego este Gobierno presume de social. Pues mientras no se demuestre lo contrario, aquí y en todo el mundo no hay política más social que aquella que crea empleo y que ayuda a conservarlo. De manera similar, no hay nada más antisocial que lo que están haciendo los socialistas desde que llegaron al poder. Que se lo pregunten si no a la legión de personas que militan en las listas del Servicio Público de Empleo.