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Emilio J. González

La política del gesto

Emilio J. González
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La política no es sólo cuestión de contenidos; lo es también, y en gran medida, de gestos. Los gestos cuentan, y mucho, porque permiten desbloquear situaciones y dar salidas honrosas a quien, de otra manera, se ve obligado a subirse al carro de la confrontación. Con la reforma a la reforma del PER, al ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se le ha olvidado esta lección, una de las imprescindibles en todo manual de buen político.

Con la reforma del PER, el Gobierno pretendía mantener el actual sistema para quienes en algún momento se han beneficiado de él y cerrar las puertas a las nuevas incorporaciones. Así de sencillo, pero los sindicatos lo rechazaron de plano y tomaron el asunto como uno de sus caballos de batalla más importantes contra el Gobierno. Por ello, el Ejecutivo ha procedido a modificar el contenido de la reforma con lo que, a todas luces, no son más que ajustes técnicos. Zaplana ha presentado el nuevo proyecto del Gobierno a los dos principales barones socialistas, los presidentes de las juntas de Andalucía y Extremadura, Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra porque en las comunidades autónomas que presiden es en las que está vigente el PER. Desde el punto de vista de la educación, tiene sentido la actuación de Zaplana, desde la óptica de la estrategia política, no.

Quien ha hecho daño al Gobierno como consecuencia de la reforma del desempleo contenida en el ‘decretazo’ no ha sido el PSOE, sino los sindicatos con sus manifestaciones y su capacidad de movilización. Por tanto, es con ellos con los que primero tendría que haber dialogado el ministro de Trabajo, puesto que la reforma a la reforma que propone no varía demasiado las cosas de la idea original y los sindicatos estaban dispuestos a aceptarla porque podían presentarla ante los suyos como un logro frente a las pretensiones del Ejecutivo, de la misma forma que hicieron con las modificaciones introducidas al resto de apartados del ‘decretazo’. Sin embargo, Zaplana los ha desairado, los ha dejado en mal lugar y las centrales, como es lógico, han protestado y mantienen la convocatoria de huelga porque tienen que demostrar a los suyos que conservan su capacidad de influencia, aunque sólo sea en las formas.

La reforma a la reforma del PER que ha presentado Zaplana a Chaves e Ibarra es bastante ‘light’. Casi se podría calificar como ajustes técnicos, algunos de ellos bastante positivos. Por ejemplo, el punto que se refiere al aumento de un 5% del salario mínimo interprofesional (SMI) en la prestación del PER –que es del 75% del SMI– por cada 25 peonadas adicionales sobre el mínimo de 35 exigido para tener derecho a esta prestación es una buena medida que incentivará que los preceptores del subsidio sigan trabajando porque cuando cobren el PER ingresarán más dinero y, de paso, trabajarán más días y estarán menos tiempo acogidos a estas ayudas. La idea, por tanto, es buena. Lo mismo que la de que los beneficiarios del subsidio agrario no puedan rechazar ofertas de trabajo ni las labores de formación e inserción, como sucede hasta ahora. Y en cuanto a la necesidad de demostrar la inscripción en el censo y la cotización agraria durante cinco años es otra buena idea porque el 80% de las altas de los últimos ejercicios en el PER son de extranjeros, de inmigrantes que perderán el derecho a esta prestación por no cumplir las condiciones y que ahora reciben poco menos que porque sí.

La reforma, por tanto, tiene sentido y los sindicatos estaban dispuestos a aceptarla. Pero Zaplana les ha hecho un feo, en un ejercicio de miopía estratégica, y ahora tendrá que compensarles de alguna manera para que las centrales puedan salvar la cara. ¿Qué tendrá que poner el ministro de Trabajo encima de la mesa para tranquilizar a los sindicatos después de su error de formas? Esperemos que no sea algo que desvirtúe el espíritu de una reforma muy bien encaminada.

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