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Emilio J. González

La politización del Banco de España

El Banco de España parece condenado a perder su condición de último bastión de independencia de los organismos reguladores, para pasar a estar verdaderamente controlado por el Gobierno y sus intereses.

Emilio J. González
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El Banco de España es prácticamente el único supervisor de la economía española que conserva su independencia, pero dicha independencia puede estar a punto de acabarse si los socialistas se salen con la suya en cuanto a la sucesión de Jaime Caruana y Gonzalo Gil como gobernador y subgobernador del Banco de España. Tradicionalmente, el partido en el poder designaba al candidato a gobernador y el principal partido de la oposición hacía lo mismo con el candidato a subgobernador. Esta es una tradición que se ha mantenido prácticamente a lo largo de toda la democracia, a pesar de que la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994, invocada por el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, señala que el cargo de subgobernador será nombrado por el Gobierno a propuesta del gobernador del Banco. Pero esta tradición, respetada incluso por Felipe González, garantizaba un equilibrio dentro de la entidad supervisora del sistema crediticio y bancario que evitaba excesos y que, en última instancia, se convertía en principal garante de esa autonomía invocada por Solbes que, en materia de supervisión del sistema crediticio, en el fondo no es tanta puesto que el Banco de España está sometido en esta cuestión a las directrices emanadas del Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. ¿Por qué se rompe ahora esa forma de hacer las cosas? La respuesta, sin duda, subyace en las competencias del subgobernador y en lo que está ocurriendo en el seno del Gobierno respecto al nombramiento del gobernador, todo lo cual apunta a la politización del Banco de España, lo que constituye una mala noticia.

Dentro del reparto de competencias entre el gobernador y el subgobernador del Banco de España, a este último le corresponde la supervisión del sistema crediticio, es decir, el poder sobre los bancos, cajas de ahorros y demás entidades de crédito. El hecho de que el subgobernador fuera propuesto por el principal partido de la oposición y el gobernador por el partido en el poder garantizaba que esa supervisión fuera independiente. Sin embargo, ahora las cosas pueden cambiar drástica y peligrosamente si el Partido Popular no puede nombrar al subgobernador.

Esta cuestión, en principio, no tendría más importancia porque se estaría actuando conforme a lo dispuesto en la Ley de Autonomía del Banco de España. El problema es que, desde que los socialistas volvieron al poder, el Ejecutivo ha anulado de facto la independencia de los organismos supervisores de la economía –ya sea la CNMV, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía, etc.- para utilizarlos a favor de sus propios intereses políticos a costa de la independencia de los mismos, de su credibilidad y de la credibilidad de la economía española. Solo este hecho justifica por sí mismo que se mantenga la tradición en cuanto al nombramiento del gobernador y del subgobernador, pero no va a ser así. Y hay todavía una segunda cuestión, relacionada con la anterior y todavía más preocupante. Desde que el PSOE está otra vez en el Gobierno, ha tratado de desplazar de la presidencia del BBVA a su actual titular, Francisco González, para colocar al frente del banco a una persona afín a los socialistas. El control total del Banco de España que pretende el Ejecutivo con su política de nombramientos constituye, en este sentido, una cuestión más que preocupante para la economía española y para la libertad en nuestro país porque la entidad puede convertirse en nueva arma para promover cambios en aquellas entidades crediticias que, por una razón u otra, no sean afines al Ejecutivo, lo que constituiría un atentado contra la libertad propio de tipos como Hugo Chávez o Evo Morales, los amigos de Zapatero, y no de una democracia supuestamente avanzada como la española.

Siempre cabría pensar que el próximo gobernador del Banco de España –Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), si Solbes finalmente consigue salirse con la suya– podría poner coto a este tipo de actuaciones y garantizar la independencia de la entidad. Pero es que la trayectoria de MAFO habla precisamente en su contra. Como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia en tiempos de Felipe González, Fernández Ordóñez se limitó a elaborar informes sobre la necesidad de introducir fuertes dosis de liberalización en la economía española que sirvieron de justificación al Ejecutivo para iniciar una política en este sentido, pero no entró para nada en los abusos e incumplimientos de la propia Ley de Defensa de la Competencia, en los cuales estaban involucradas muchas empresas entonces públicas y con presidentes afines a los socialistas. Luego, como presidente de la Comisión Nacional de la Energía, nombrado por Felipe González, su actuación fue todavía peor porque desde el momento en que el PP llegó al poder en 1996, MAFO utilizó a la CNE para golpear todo lo que pudo al Ejecutivo de José María Aznar, con cuestiones que excedían sus competencias y con actuaciones y opiniones que eran de todo menos imparciales, justas e independientes.

Esta es la persona que ahora podría estar al frente del Banco de España y quien se supone que va a garantizar su independencia, cosa que, personalmente, dudo mucho porque si hay algo que caracteriza a MAFO es, precisamente, su marcado perfil político. Un perfil del que ya dio pruebas como secretario de Estado de Hacienda cuando, desde el mismo momento en que entró por la puerta de su despacho, buceó todo lo que pudo en los presupuestos, levantó todas las alfombras ministeriales y abrió todos los cajones de los organismos estatales en busca de facturas sin pagar y de trampas en los presupuestos del PP que nunca llegó a encontrar porque no había nada oculto ni escondido, sino que todo era claro y transparente como el agua. Esta es la persona que ahora va a situarse, con toda probabilidad, al frente del Banco de España.

A la luz de todo lo anterior, el Banco de España parece condenado a perder su condición de último bastión de independencia de los organismos reguladores, para pasar a estar verdaderamente controlado por el Gobierno y sus intereses, por mucho que Solbes invoque la Ley de Autonomía del Banco de España para justificar lo que no tiene justificación, una justificación que, por cierto, Solbes no ofrece, porque el argumento esgrimido por él, el de la Ley de Autonomía, no basta por sí solo para explicar por qué ahora se rompe la tradición en cuanto al nombramiento del gobernador y el subgobernador. Esa ruptura, el perfil de Fernández Ordóñez y todo lo que está ocurriendo en esta legislatura hacen temer lo peor y si alguien tiene alguna duda al respecto, no tiene más que recordar cómo han actuado la CNMV, la Comisión Nacional de la Energía y el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Luis Berenguer, que no el pleno del TDC que ha sido muy digno, en todo el asunto de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que el Banco de España va a pasar a engrosar la lista de organismos independientes sobre el papel pero sometidos en la realidad al control del Gobierno y encargados de ejecutar y respaldar decisiones de difícil justificación. Posiblemente, la politización del Banco de España está a la vuelta de la esquina.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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