La dimisión del hasta ahora presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, supone un duro golpe para la política del Gobierno, en general, y del ministro de Industria, el secretario general de los socialistas catalanes, José Montilla, de favorecer a Cataluña a cualquier precio y a costa de cualquier cosa.
Bustelo se opuso desde el primer momento al traslado de la sede de la CMT a Barcelona, acordado por el Gobierno el pasado mes de agosto, al considerar que esta decisión obedece nada más que a razones políticas que no tienen nada que ver con las necesidades del sector de las telecomunicaciones de contar con un interlocutor y un organismo regulador en Madrid, próximo a las sedes de las empresas y al Ejecutivo, para que las relaciones entre la industria y el supervisor sean todo lo fluidas que deben ser. Además, el dimitido presidente tachó de “deportación” el traslado, al obligar a los trabajadores de la CMT a marcharse a Cataluña, donde existen serios problemas de adaptación por la imposición del catalán a toda costa. Por ello, a Bustelo, hombre coherente con sus principios, no le quedaba más remedio que dimitir, y así lo ha hecho, en un gesto que le honra.
De por medio ha habido todo un rosario de despropósitos. El Gobierno quería dar un caramelo al presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, en forma de traslado a Cataluña de un organismo supervisor de algo, como había pedido el propio presidente catalán. El elegido, en un principio, fue la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Sin embargo, una disposición en el contrato de los trabajadores de la CNE, por la cual sólo pueden desempeñar sus funciones en Madrid, hizo que el regulador del sector eléctrico quedara descartado y se pasara al de las telecomunicaciones, cuyos trabajadores no están protegidos por una disposición similar. La mala suerte ha jugado en contra de la CMT.
El Gobierno, además, nunca ha podido justificar esta decisión. El Ejecutivo habla de que España es un Estado descentralizado y, por tanto, no debería haber problemas para trasladar organismos oficiales de este u otro tipo fuera de Madrid. De hecho, este punto fue recogido en el programa electoral del PSOE. Sin embargo, esta política da la espalda a dos cuestiones prácticas. La primera es que la culminación del traslado de la CMT a Cataluña abre las puertas a que otras autonomías reivindiquen su derecho a albergar en su territorio sedes de organismos oficiales estatales. Vamos a ver cuánto tiempo tardan los presidentes de Andalucía y Extremadura y pesos pesados del PSOE, Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en reclamar para su territorio sedes de otros organismos. La segunda es los costes innecesarios de gestión que impone a unas empresas que se encontrarían con el Ministerio en Madrid y la sede del organismo regulador en otra parte. Plantear semejante cuestión en Francia, por ejemplo, resultaría de todo punto absurdo.
Las formas empleadas por Montilla, asimismo, han dejado mucho que desear. Desde el Ministerio se amenazó a Bustelo con cesarlo del cargo cuando se supone que la CMT es un organismo oficial pero independiente, en cuyo funcionamiento el Ejecutivo no puede entrometerse. Sin embargo, Montilla lo ha hecho al amenazar a Bustelo con el cese y, de esta manera, dar una patada a la necesaria independencia de la CMT. Si esta es la política del Gobierno, en España hablar de organismos independientes será un mero ejercicio de retórica porque, en la práctica, el presidente de una de estas instituciones que quiera ejercer de independiente tendrá los días contados.
