Como si de una novela de Ítalo Calvino se tratara, la supervisión del sistema financiero en España es inexistente o, mejor dicho, parece que sólo existe nominalmente bajo la forma de Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso Gescartera, por lo visto, no se enteró, o no quiso enterarse, de nada; en el escándalo del BBVA es todavía peor.
Me explico. La CNMV, esa CNMV que quedó tan entredicho a causa de Camacho y sus amigos y otros cuantos casos más, no sabía una sola palabra de todo el asunto del BBVA hasta la pasada semana santa, cuando el caso empezó a asomar en los periódicos. Vaya por Dios, en Castellana 19 otra vez en Babia aunque también es cierto que el organismo que ahora preside don Blas Calzada no tiene mucho que decir en todo este asunto, pero tiene que decir algo sobre todo en lo que atañe a la defensa de los derechos de los accionistas, que son algunos de los que se han vulnerado en este caso.
Ahora bien, ¿de quién es la culpa? Esta es la cuestión importante porque la legislación española contiene algunas prevenciones para que la supervisión del sistema financiero, basada en dos instituciones, funcione adecuadamente y de forma coordinada. Pues bien, lo que dice la norma que regula la CNMV es que el director general de Supervisión Bancaria del Banco de España es miembro nato del Consejo de la Comisión, mientras que la ley de autonomía del banco establece que el vicepresidente de la CNMV es miembro nato del consejo de gobierno de la autoridad monetaria. Con ello se pretendía garantizar las relaciones fluidas entre las dos instituciones y el intercambio necesario de información para que la supervisión funcione de manera eficiente.
¿Cómo es posible, entonces, que con esta composición de los respectivos consejos en la CNMV no se supiera nada hasta Semana Santa? Porque si hay alguien en el Banco de España que sepa, o deba saber, del asunto del BBVA es, precisamente, el director general de Supervisión Bancaria, Pedro Pablo Villasante. Por lo tanto, es legítimo preguntarse si el señor Villasante no informó a la CNMV de lo que había, si a él no se le dijo nada o si, por el contrario, lo sabía y lo dijo pero don Blas y su equipo no escucharon o no quisieron escuchar.
En consecuencia, ya tenemos asunto para la polémica, pero eso no es bueno para la economía española porque todo lo que sea desconfianza hacia la supervisión del sistema financiero, es desconfianza hacia la economía y el mercado de valores, justo lo último que se necesita en estos momentos en los que la recuperación empieza a despuntar, con permiso de Oriente Medio y el petróleo. Por ello, es obligado que tanto el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, como el presidente de la CNMV, Blas Calzada, den las explicaciones pertinentes y desde el Ministerio de Economía se actúe en consecuencia. En caso contrario, se habrán sacado muy pocas lecciones del caso Gescartera y los propósitos de enmienda de unos y otros no serán más que agua de borrajas.
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