El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha culpado a las comunidades autónomas y los ayuntamientos de retrasar la liberalización del suelo y, en consecuencia, el abaratamiento del precio de la vivienda, por sus discrepancias sobre quién tiene la última palabra a la hora de decidir acerca de la urbanización de un terreno. En cierto modo, a Cascos no le falta razón. La actual legislación en materia urbanística por un lado reconoce la capacidad de las autonomías en todas estas cuestiones, especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del contenido de la Ley del Suelo aprobada por los socialistas cuando el Gobierno del Partido Popular ya había sacado adelante la suya. Pero las corporaciones locales también tienen su ámbito competencial en la materia y el problema es que aún no está claro quién debe decidir sobre qué asunto, desde el momento en que los Ejecutivos regionales tienen la facultad de aprobar total o parcialmente el plan urbanístico de cualquier municipio. Esa falta de claridad está provocando choques entre las administraciones autonómica y local que, en última instancia, están redundando en que la oferta de suelo no se amplíe, de acuerdo con lo dispuesto en la ley actualmente en vigor. El resultado es de sobra conocido: el precio de la vivienda, lejos de abaratarse, sigue subiendo.
Dicho esto, también hay que hablar de la responsabilidad del Gobierno central. El suelo es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Por tanto, por muchas leyes que se aprueben para tratar de liberalizarlo, las corporaciones locales siempre tratarán de mantener controlada la oferta con el fin de evitar que sus arcas, en un momento determinado, se vean vacías. Y es que, por ahora, los municipios carecen de alternativa financiera a la especulación urbanística para financiarse, lo que se traduce en el encarecimiento de la vivienda debido a que el suelo es artificialmente escaso en un país en el que este recurso es muy abundante.
En este sentido, el Gobierno tiene una responsabilidad ineludible. No parece lógico pedir a alguien que pierda sus fuentes actuales de ingresos si no se le proporcionan otras. Nadie lo haría. Por tanto, la reforma del sistema de financiación local es una premisa ineludible para que la liberalización del suelo sea efectiva. Sin embargo, en la pasada legislatura, el Ejecutivo no quiso abordar esta cuestión. De hecho, cuando se estaba elaborando la actual Ley del Suelo, alguien puso sobre la mesa la idea de ceder a las corporaciones locales una parte del IRPF y la respuesta del Gabinete fue el rechazo a todo lo que fuera tener que negociar con los municipios. En consecuencia, las críticas que Cascos vierte contra las autonomías y los ayuntamientos, también debe dirigirlas al Gobierno central, por mucho que uno de los objetivos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para esta legislatura sea la reforma en profundidad del modelo de financiación local. Esa política es necesaria pero no exime a los miembros del Gobierno en la anterior legislatura de su responsabilidad sobre el precio del suelo y de la vivienda.
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