La semana pasada, la Generalitat catalana abrió una nueva polémica en torno a la financiación autonómica o, mejor dicho, a la financiación que Cataluña debería de recibir, tanto por ingresos cedidos como por inversiones y transferencias del Estado. Resulta que, no contento con la ingente cantidad de recursos que recibe el Ejecutivo catalán, ni con el compromiso de que el Estado destine a la región el porcentaje de inversiones públicas correspondiente al peso de la economía catalana en el conjunto nacional, el Gobierno de la Generalitat todavía quiere más.
Su voracidad económica es insaciable y como ya no hay forma de arrancar más concesiones al Gobierno central, ahora manipulan los cálculos para llevarse una tajada todavía mayor de la que le corresponde. Así, la pasada semana, el Ejecutivo catalán presentó un más que discutible cálculo de lo que supone la economía de la región en el conjunto nacional, que eleva en 1,2 puntos, hasta el 20%, dicho peso, frente a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, todo con el fin de obtener más y más dinero del Estado, en concreto, 54 millones de euros adicionales en inversiones estatales. Pero los cálculos que hizo el consejero de Economía, Antoni Castells, resultan más que sospechosos.
De entrada, el método de cálculo utilizado por Castells y su equipo debería haberse aplicado a todas las autonomías, no solo a Cataluña. Sin embargo, Castells lo limita a esta autonomía cuando, posiblemente, aplicado al conjunto nacional, el peso de la economía catalana en el total del país no sería el que dice la Generalitat, sino el que refleja el INE en sus estadísticas. Lo importante, sin embargo, no es esta cuestión metodológica, sino la realidad que revelan las cifras de financiación autonómica, que echan por tierra la dichosa cuestión de la balanza fiscal de Cataluña, esto es, que esta autonomía aporta al Estado más de lo que percibe de él. Pues bien, resulta que el sistema de financiación autonómica incluye un fondo, llamado fondo de suficiencia, que nivela las necesidades de financiación de cada autonomía que no han podido ser satisfechas con sus ingresos tributarios. Resulta también que Cataluña se lleva de dicho fondo 1.200 millones de euros anuales, aproximadamente, lo que representa alrededor del 5% de su presupuesto. Es decir, el conjunto del país está financiando a Cataluña en esa cantidad.
Lo que es más significativo es que el tamaño de la economía catalana es similar al de la madrileña, pese a que Cataluña, con 7 millones de habitantes, tiene un millón más que Madrid, es decir, cuenta con más gente trabajando, produciendo y generando ingresos tributarios para la Generalitat. Sin embargo, Madrid, en vez de obtener recursos del fondo de suficiencia, aporta todos los años aproximadamente 400 millones de euros. Baleares, con 180 millones de euros anuales, es la otra autonomía que aporta recursos al fondo de suficiencia. El resto procede de las arcas estatales. Es decir, todos los españoles están financiando parte del presupuesto catalán. Por otra parte, las cifras de aportaciones y detracciones del fondo de suficiencia revelan que la economía catalana no tiene el peso que dice Castells en el conjunto nacional.
¿Por qué, entonces, esta polémica? La respuesta es sencilla. El análisis de las principales cifras de la economía catalana revela que su productividad es menor que la de Madrid, por ejemplo, lo que implica un menor crecimiento de los ingresos tributarios. Este mismo efecto tiene la salida silenciosa pero constante de empresas de Cataluña hacia otras autonomías españolas. Frente a ello, Cataluña, con 600 euros por habitante, tiene el mayor gasto público por habitante, con diferencia, de todas las comunidades autónomas españolas, algo imposible de financiar en estas circunstancias y lo que ha llevado a que Cataluña sea la autonomía más endeudada del país, lo que ahoga sus finanzas. Pero como la Generalitat no quiere reducir el gasto público ni sanear sus presupuestos, no hace más que pedir dinero y más dinero. Sus finanzas están encerradas en un círculo vicioso de gasto público y deuda que pide a gritos un saneamiento que el ejecutivo catalán no quiere llevar a cabo. Y la única salida que percibe la Generalitat es alimentar su voracidad fiscal, aprovechando la debilidad del Gobierno de Zapatero y su predisposición a darle a Cataluña todo lo que pida, a costa de los demás. Pero todo tiene un límite y, en este caso, ya se ha sobrepasado con creces.