Los españoles deberíamos leer más a menudo la prensa internacional: es la única que no tiene reparos en reconocer los méritos del Gobierno cuando los tiene, algo impensable en los periódicos y revistas españoles que siguen con aquello de que para ser buen periodista hay que estar siempre en contra del Ejecutivo. Por ejemplo, sería impensable que un diario o un semanario de nuestro país publicase un artículo como el que acaba de aparecer en la revista económica francesa L’Expansion, que glosa y elogia los logros de la política económica del PP en los seis años que lleva en el poder y que han transformado radicalmente no sólo la realidad socioeconómica del país sino también la percepción que el resto del mundo tiene del mismo.
Cuando los populares llegaron al poder en 1996, la política económica española carecía por completo de credibilidad. Después de los años de Solchaga y Solbes, en los que las previsiones del Gobierno no se cumplían ni de lejos y el contenido de la política económica era mera retórica que nunca se llevaba a la práctica, el grado de riesgo de invertir en nuestro país era muy elevado y nadie daba un euro porque fuéramos capaces de entrar en el euro. Sin embargo, hoy la economía española es fiable y predecible y somos socios fundadores de la unión monetaria europea, las cuentas públicas están en equilibrio mientras bajan los impuestos, el paro ha dejado de ser una maldición bíblica y se crea empleo a tasas elevadas y sólo queda un punto gris, que no negro, pendiente de resolver que es el acercamiento de la inflación al objetivo del BCE del 2%. El Estado, a su vez, reduce poco a poco su peso en la economía y el sector público empresarial es ya casi una cita en los libros de Historia al tiempo que mercados antes intervenidos hoy se hayan liberalizados en mayor o menor grado. Todo esto se ha hecho en seis años y suscita la admiración de una Europa –sobre todo de Francia y Alemania– esclerotizada e incapaz de romper las rigideces estructurales que atenazan su crecimiento económico y lastran la creación de empleo. Es lógico, por tanto, que los reformistas europeos miren hacia España en busca de inspiración y, especialmente, de ejemplos para convencer a los líderes políticos de sus respectivos países de las bondades de una política de cambios estructurales.
No obstante, los reformistas europeos deberían analizar también otro aspecto de nuestra realidad económica de los últimos seis años, esto es, el agotamiento del impulso reformador que tan buenos resultados ha deparado a nuestro país. De entrada, en lo que queda de legislatura no hay que esperar nuevos cambios si no es por la entrada en vigor de proyectos como la nueva rebaja del IRPF actualmente en tramitación parlamentaria. Y es que, con la legislatura entrando en su recta final, el Gobierno se dedica ahora a poner en marcha las medidas que dan votos y dejan para la siguiente aquellas otras que los restan, al menos de entrada. Por supuesto, no se puede arreglar todo de golpe pero un repaso al contenido de los reales decretos de 23 de junio de 2000 revela que, en esta ocasión, las intenciones reformistas del Ejecutivo han ido mucho más allá que su concreción práctica. El Gabinete, por tanto, ha dado cierta sensación de haberse dormido en los laureles. Esto, desde luego, no resta un ápice a los méritos acumulados durante seis años de mandato del PP pero debe servir de recordatorio de lo mucho que todavía queda por hacer. Lo malo es que con el calendario político que nos aguarda en los próximos meses, lo más probable es que haya que esperar hasta la próxima legislatura para poder volver a beber de las mieles del reformismo.
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