En cualquier país avanzado, una de las misiones no escritas de los bancos centrales es servir de contrapeso a las decisiones de los políticos que puedan dañar a la economía o al sistema financiero. Es un juego de equilibrios institucionales, encaminado a poner coto a los excesos de los Gobiernos, en el que a los bancos centrales les toca desempeñar el papel de conciencia del poder político, con declaraciones que adviertan a los ciudadanos y a los mercados de los peligros que entrañan las medidas que pretendan adoptar los Gobiernos y, de esta forma, crear un estado de opinión que obligue al poder político a retirar o moderar sus propuestas. En España impera también esta lógica. Por eso, todos los años, cuando se inicia la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio, comparece en la comisiones de presupuestos del Congreso y el Senado el gobernador del Banco de España. Sus palabras puede que gusten al Ejecutivo o a sus señorías o puede que no, pero son las que tienen que ser en cada momento porque el Banco de España no está para extender cheques en blanco ni certificados de garantía a las políticas gubernamentales, ni ser cómplice de ellas, sino para velar por el buen funcionamiento del sistema financiero e, indirectamente, del conjunto de la economía.
Desde esta óptica, el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, no sólo tiene el derecho a decir lo que dijo el pasado lunes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados sino que, además y sobre todo, tiene el deber de expresarlo, por mucho que le haya molestado al vicepresidente económico, Pedro Solbes, que ha respondido con eso de que las decisiones políticas le corresponden al Parlamento. Por supuesto que sí, de la misma forma que a Caruana le toca pronunciarse como hizo, aunque sus palabras escocieran. Pero es que estaba cargado de razón.
Caruana arremetió contra La Caixa por sus maniobras sobre Endesa a través de Gas Natural con argumentos muy cargados de razón y de sensatez, porque el Banco de España sabe mucho de los problemas de las cajas de ahorros, de las quiebras y dificultades de muchas de estas entidades en el pasado, de los motivos que condujeron a tan penosas situaciones que luego tuvo que resolver el propio Banco de España con dinero público, es decir, de todos los españoles. Por eso denuncia los excesivos riesgos en que está incurriendo La Caixa con su estrategia de incrementar una y otra vez sus participaciones industriales, en contra de la tendencia a la separación entre banca e industria que impera en todo Occidente con el fin de evitar que una crisis económica, industrial o empresarial arrastre consigo a las entidades crediticias. ¡Cuántas veces ha tenido que intervenir el Banco de España para salvar a una caja de ahorros de una situación semejante!
En la mayoría de las ocasiones en que una caja de ahorros se ha visto en tan penosa situación ha sido como consecuencia de decisiones de inversión impuestas a la entidad por los políticos de que depende. Ese es otro de los riesgos que denuncia Caruana en cuanto a las participaciones industriales de La Caixa. No olvidemos que la entidad catalana, como sus homólogas de otras regiones, dependen de los Ejecutivos regionales y el tripartito catalán, por lo que estamos viendo hasta ahora, concibe a las cajas de ahorro catalanas como instrumentos de su estrategia política. Por ello, la reforma del Estatut aprobada por las Cortes de Cataluña incluye en su articulado el traspaso a la Generalitat de las competencias en materia de supervisión del sistema financiero. Unos poderes que desea el tripartito en manos del Gobierno catalán para levantar algunas de las limitaciones que imponen la lógica y el Banco de España a la concentración de riesgos de las inversiones de las cajas de ahorros, de forma que éstas puedan seguir aumentado sus participaciones industriales e invirtiendo al dictado de la Generalitat y sus intereses políticos.
Suponiendo que el tripartito consiga salirse con la suya, si se produjera un problema con una entidad financiera catalana sus repercusiones se extenderían por toda España, puesto que introduciría muchas dudas en la confianza de los mercados hacia el sistema financiero español, ya que éstos no entienden de divisiones administrativas como las comunidades autónomas, sino que consideran al país como un todo, les guste o no a los catalanes. Por ello, Caruana está cargado de razón cuando arremete contra las inversiones y estrategias de La Caixa.
De la misma forma, Caruana está en lo cierto cuando advierte de los peligros que entraña el Estatut para la economía española. Hoy vivimos en un mundo caracterizado por la globalización, que supone mercados cada vez mayores y más integrados y un proceso de convergencia hacia normas comunes de funcionamiento, en el que han surgido nuevos competidores de peso, como China con sus 1.200 millones de habitantes, o India, con una población cercana a los mil millones de personas. Sobrevivir en este contexto, en términos económicos y empresariales, significa apostar por mercados más amplios, no por reinos de taifas, por disparidades normativas y administrativas que dividen cuando lo que hace falta es sumar e integrar; también implica mantener una estabilidad política que permita que el entorno institucional sea estable, en lugar de verse amenazado una y otra vez por tendencias centrífugas y multiplicaciones de centros y procesos de decisión que impidan la ejecución de las políticas nacionales que necesita España para seguir desarrollándose y generando bienestar social y puestos de trabajo. Este mismo problema se plantea a escala europea porque los líderes de la Unión Europea, pese a que miran demasiado hacia sus países, saben que el futuro de la UE pasa por alguna forma de unión, no de esa división que promueve el Estatut.
