El Gobierno debería ser muy cauteloso en el empleo de la estrategia de globos sonda para medir la reacción de la opinión pública ante las propuestas que se les ocurren a algunos de sus ministros, sobre todo en materia de vivienda, porque pueden provocar un pánico de consecuencias difíciles de soportar para las familias y la economía española. Los mensajes que emiten la ministra Trujillo y su equipo acerca de sus ideas para resolver el problema socioeconómico más grave de nuestro país no caen en saco roto porque, aunque las propuestas no llegue a salir adelante, dejan bien claro cuáles son, en última instancia, las intenciones del Ejecutivo y los ciudadanos, como personas racionales que son, van a empezar a prepararse para lo que se les pueda venir encima.
El problema de la vivienda tiene fácil solución. Basta con aprobar una ley de alquileres que garantice la defensa efectiva de los derechos de los propietarios de pisos frente a los abusos y excesos de los inquilinos, así como una reforma en profundidad de la financiación de los ayuntamientos para que se pueda liberalizar el suelo y, de esta forma, abaratar la vivienda. Pero el Gobierno no hace ni lo uno ni lo otro y, en su lugar, explora ideas encaminadas a conseguir poco menos que por la fuerza lo que se lograría con mucha más facilidad y menos problemas si se dejara actuar al mercado. Y cuando un Ejecutivo se embarca en una estrategia de estas características, el problema está asegurado porque sus propuestas siempre pasan por violentar los derechos legítimos de los propietarios de las casas, que pueden desencadenar una venta masiva de los mismos y dar lugar a una crisis de consecuencias nefastas.
El precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años como consecuencia de los bajos tipos de interés que imperan en la economía española y del deseo de las personas de invertir en un activo seguro y rentable, después de las malas experiencias que tuvieron con la Bolsa como consecuencia de la burbuja de las tecnológicas y su estallido en marzo de 2000. Esta demanda de ladrillos no se ha visto satisfecha por una oferta capaz de responder a ella, debido al intervencionismo de las administraciones sobre el suelo, y el resultado ha sido una subida drástica y continua de los precios para satisfacción de quien elegía los bienes inmuebles como fórmula de inversión.
Ahora, sin embargo, las cosas empiezan a cambiar. Cada vez lleva más tiempo vender un piso y en el horizonte inmediato se perfilan subidas de los tipos de interés en toda la zona del euro para evitar problemas con la inflación, lo que significa que la carrera alcista del ladrillo está tocando techo. En estas circunstancias, un inversor racional empezaría a plantearse vender. Si el Gobierno, además, amenaza con subidas de impuestos para los pisos vacíos o sugiere su expropiación, se corre el peligro de desencadenar una situación de pánico, en forma de ventas masivas y a cualquier precio para tratar de llevarse, al menos, una parte de la revalorización acumulada en los últimos años, lo que provocaría el hundimiento de los precios y serios problemas en el sector de la construcción, el principal motor del crecimiento económico español y el mayor generador de puestos de trabajo para los inmigrantes.
