Las cajas de ahorros, en especial las pequeñas, están atravesando momentos muy difíciles como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, aunque no sólo por esta razón. Cargadas de créditos a los promotores hasta límites que, en muchos casos, superan los criterios de concentración de riesgos establecidos por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que se aplican en todo el mundo, hoy por hoy no encuentran en los mercados la financiación que necesitan. Tratan de colocar en ellos cédulas hipotecarias pero los inversores, temerosos tanto de su situación patrimonial como de las consecuencias que pueda acarrear a la economía española tanto la crisis inmobiliaria como la recesión, exigen intereses muy altos para asumir el riesgo, intereses que estas entidades, en muchas ocasiones, no están en condiciones de poder afrontar.
Por esta razón están pidiendo al Gobierno que autorice a que tanto el Fondo de Garantía de Depósitos, creado para devolver a los clientes parte del dinero depositado en instituciones de crédito en caso de quiebra, como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social puedan invertir en ese tipo de instrumentos. Sería un error que el Ejecutivo lo autorizara.
La mayor parte de las cajas de ahorros que se encuentran en esta situación de dificultades son entidades pequeñas, sin activos que poder vender para sanear su balance. Pero esta situación no se ha generado porque sí, sino por los criterios de gestión que vienen aplicándose en las mismas como consecuencia del alto grado de politización a que están sometidas las cajas. Esa politización hace que se entrecrucen intereses que poco o nada tienen que ver con lo que la naturaleza fundacional de estas entidades, lo que les ha llevado a tener que invertir en proyectos de carácter político poco o nada rentables o a tener que satisfacer, en forma de créditos, ese tipo de intereses.
Además, existe en muchas provincias una estrecha vinculación entre las grandes fortunas vinculadas al sector inmobiliario y las cajas, ya que los promotores trabajan con ellas en todos sus pagos y en la gestión de buena parte de su dinero a cambio de obtener préstamos de las mismas. La fórmula es sencilla: si no hay créditos, se marchan con su dinero a otra parte, lo que constituye un serio problema para las cajas pequeñas.
Todo esto ha dado lugar a lo que está sucediendo en estos momentos, agravado por la crisis financiera internacional, a pesar de que el Banco de España se ha hartado de advertir una y otra vez a determinadas cajas, casi todas ellas de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, en especial las andaluzas, de que estaban concentrando demasiados riesgos en el sector inmobiliario y les conminaba a reducirlos. Sin embargo, como, al final, las cajas son menos independientes de lo que deberían ser, no lo hicieron y ahora están en las que están. En el pecado de sus gestores y controladores llevan su penitencia.
Dicho esto también hay que añadir que sería preocupante en estos momentos que las cajas de ahorros empezaran a quebrar. Esto no haría sino agravar todavía más la ya de por sí grave crisis en que se está metiendo la economía española. Por tanto, es preciso hacer algo, pero no lo que las cajas piden. Lo que hay que hacer es, por un lado, despolitizarlas plenamente y someterlas a los criterios propios del mercado y la competencia, hacer que sus directivos tengan que responder de su gestión y someter la misma a la disciplina del mercado. Así, nunca ocurriría lo que está sucediendo ahora con varias entidades.
En este sentido, las propias cajas tienen una vía para obtener financiación, las cuotas participativas, que son como acciones pero sin derecho a voto en las juntas. A pesar de que, desde hace tiempo, el Banco de España viene presionando a estas entidades para que utilicen este sistema de financiación, las cajas se niegan porque ven en él el primer paso hacia su privatización y, sobre todo, porque quienes las controlan se niegan a someterse a la disciplina del mercado.
En este último punto se conjuga la alianza entre políticos, directivos y empleados para que esto no ocurra. Los primeros lo rechazan porque significa perder el control de un instrumento tan poderoso para sus fines como son las cajas; los segundos, porque reinan en ellas como si fueran sus dueños, porque las patrimonializan sin ser suyas; los terceros porque, dada la falta de eficiencia de una serie de cajas, si se someten al juicio de los inversores verían reducidos sus privilegios y, probablemente, peligrar su puesto de trabajo. Sin embargo, tarde o temprano habrá que abordar esta cuestión. Probablemente ahora es el mejor momento para hacerlo.
Lo que, desde luego, no es una solución es lo que pretenden las cajas. Acudir en su auxilio con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos y del Fondo de Reserva de la Seguridad Social equivaldría, en última instancia, a eliminar los incentivos para que las cajas se saneen y cambien su forma de hacer las cosas. Además, esos recursos no se deben poner en peligro bajo ningún concepto porque existen para una finalidad muy concreta y si las cajas, a pesar de que sus cédulas hipotecarias tengan la máxima calificación, están con serios problemas de liquidez, quiere decir que alguna puede quebrar. ¿Qué pasaría entonces con ese dinero invertido en cédulas hipotecarias? ¿Quién respondería por él?
Además, esas inversiones, de producirse, podrían reducir aún más la independencia de estas entidades. ¿Quién se negaría a las peticiones del Gobierno de turno, o del partido que lo apoya en el Parlamento, si el Estado está invirtiendo en sus cédulas hipotecarias a través de ambos fondos? Probablemente nadie.
Por todo ello, el Ejecutivo debería rechazar la petición de las cajas y conminarlas a buscar otras salidas, que las tienen. De todas formas, que no se preocupen quienes teman que, al final, el Gobierno pueda ceder. Seguro que a alguien en Moncloa o en algún Ministerio ya se le ha ocurrido que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social puede ayudar a financiar el déficit público al que vamos abocados invirtiendo esos recursos en deuda pública, tal y como se estipula en el Pacto de Toledo.