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Emilio J. González

Menos acusaciones, más reformas

Lo importante no es si el sector pacta o no pacta, sino que tenga la posibilidad de hacerlo por la falta de competencia en toda la cadena de producción y distribución de alimentos.

Emilio J. González
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Durante el primer debate televisado entre Zapatero y Rajoy, el presidente del Gobierno anunció como una de sus principales medidas de política económica, para lidiar con la que está cayendo en España en estos momentos, la apertura de un diálogo con las empresas del sector agroalimentario para que éstas redujeran sus márgenes y, de esta forma, contener las presiones inflacionistas a que ha dado lugar la escalada del precio de los alimentos. Por lo visto, ese diálogo ya ha empezado, en forma de monólogo o reflexiones en voz alta para una sola voz, y, como era presumible, para meter presión a las compañías.

La encargada de abrir el fuego ha sido la Comisión Nacional de Competencia (CNC), el organismo presidido por el ex diputado socialista Luis Berenguer. Sí, es el mismo que mantuvo aquella actitud tan patética y sectaria actitud cuando, con ocasión de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, dijo que el Gobierno no tenía que hacer caso de la recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia, entonces presidido por él, de vetar dicha operación. El Tribunal actuaba de forma colegiada, pero su presidente, más atento a servir a los designios de Zapatero y la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, dejó a los miembros del organismo al pie de los caballos sólo porque se pronunciaron en contra de una operación promovida desde Moncloa. Y eso que se suponía que Zapatero iba a potenciar la independencia de los organismos reguladores. Pues bien, ahora la CNC, heredera del Tribunal y supuestamente también independiente, ha dado una nueva prueba de "independencia" al acusar sin pruebas a la industria alimentaria de pactar la subida del precio de los alimentos.

Yo no sé si, como dice la CNC, hay concertación o no en el sector, pero aquí nadie puede acusar de nada sin que medien las pruebas al respecto. Este es uno de los fundamentos básicos de la libertad y del ordenamiento jurídico español que, por lo visto, algunos se lo saltan a la torera. Además, lo importante no es si el sector pacta o no pacta, sino que tenga la posibilidad de hacerlo por la falta de competencia en toda la cadena de producción y distribución de alimentos. Eso es lo que tendría que denunciar la CNC, pidiendo al Gobierno que actúe en consecuencia. Podría incluso emitir un informe recomendando el camino a seguir en este sentido. Pero lo que no se puede hacer es acusar por acusar.

Por supuesto, esas palabras no son, ni mucho menos, gratuitas. Desde el poder político hay muchas formas de presionar a la sociedad civil para que haga lo que desea el Gobierno sin tener que aprobarse nada en el Parlamento. Una de ellas es utilizar un organismo regulador como la Comisión Nacional de Competencia para lanzar mensajes. Seguro que en la industria lo han oído perfectamente porque se ha dicho alto y claro... Alto y claro pero sin pruebas. Y lo que se desprende de semejantes acusaciones es que, a falta de reformas estructurales y de la intención de llevarlas a cabo, el sector debe apretarse el cinturón para contener la inflación "si sabe lo que le conviene". Es lo mismo que ya hiciera el Gobierno del Partido Popular con las petroleras en vísperas de las elecciones generales del 2000.

Pero eso no es hacer política económica sino, simplemente, meter el miedo en el cuerpo a las empresas, lo que después se paga en términos de inseguridad jurídica y, por tanto, en forma de menos inversiones generadoras de crecimiento económico, empleo y bienestar. Por algo España ha caído tanto en los últimos años en la clasificación de países más atractivos para la inversión extranjera.

Un Gobierno no está para actuar de esa forma sino para gobernar, asumiendo, por tanto, los costes que implica esa tarea. Unos costes que cuando se derivan de medidas duras tomadas al principio de la legislatura, desparecen cuando esas medidas han surtido los efectos positivos que se espera de ellas. Pues bien, la legislatura acaba de comenzar y lo que tiene que hacer el Ejecutivo es adoptar aquellas decisiones más difíciles por sus costes o su impopularidad, porque tiene cuatro años por delante para recuperar lo que ahora pueda perder. Eso es lo que tendría que hacer Zapatero, olvidándose de dialogar con las empresas para que reduzcan sus márgenes, porque ese diálogo, de ser fructífero, es un parche, no una solución definitiva. Y, desde luego, es difícil sentarse a dialogar cuando la parte más poderosa empieza con amenazas veladas.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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