Las declaraciones del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Alberto Navarro, acerca de lo difícil que tiene España responder a la dura carta remitida por la Comisión Europea al Ejecutivo de Zapatero, pidiendo explicaciones sobre los poderes concedidos por el Consejo de Ministros a la Comisión Nacional de la Energía para poder vetar la OPA de E.On sobre Endesa, pone de relieve el temor que empieza a suscitar a Zapatero y los suyos la reacción de la Unión Europea ante la arbitrariedad y parcialidad que viene manifestando el Gobierno.
El Ejecutivo se creía que todo el campo era orégano y que podían campar a sus anchas por el sector energético, haciendo y deshaciendo a su gusto, sin que nadie les dijera nada. Pero la entrada en liza de una compañía alemana en el intento de asalto de Gas Natural a Endesa, promovido y respaldado desde Moncloa, ha trastocado muchas cosas. Y ahora el Gobierno puede encontrarse con que Endesa termina en manos extranjeras por su culpa, o con serios problemas con la UE si interfiere en la operación. Y Zapatero no puede crearse más problemas con Europa, sobre todo con Alemania, cuando todavía hay tanto y tan importante en juego, como los fondos europeos, que hay que volver a negociarlos después del rechazo del Parlamento Europeo a la propuesta surgida de la Cumbre de Bruselas.
Alberto Navarro tiene razón cuando dice que la posición del Gobierno español es muy difícil de defender. De entrada, un cambio de reglas de juego en medio de una operación como la de Endesa es algo que va contra el derecho, comunitario o no, por todo lo que introduce de inseguridad jurídica en el sector. Pero si se examinan de cerca los primeros argumentos presentados por Navarro, la posición del Ejecutivo resulta del todo punto insostenible. Empecemos por la cuestión del mercado interior. Es verdad que éste no existe como tal en la Unión Europea en lo que se refiere al sector energético, pero también lo es que las autoridades comunitarias llevan tiempo intentando su configuración, como prueba el hecho de que la Comisión haya llevado a Francia al Tribunal de Luxemburgo por no abrir su sector energético a terceros de países de la UE. Además, una cosa es que no exista un mercado único como tal y otra muy distinta que no haya operaciones trasnacionales en el sector. Sin ir más lejos, Gaz de France está presente en el capital de Gas Natural a través de Aguas de Barcelona, Endesa tiene una participación en la francesa Snet así como activos en Italia, Iberdrola y Gas Natural también cuentan con inversiones en otros países de la UE, lo mismo que E.On, el Reino Unido no puso trabas al intento de E.On de adquirir Scottish Power, EdF y EdP son las dueñas de Hidrocantábrico... Esta es la realidad energética de la Unión Europea porque, aunque, efectivamente, no hay un mercado único, siguen prevaleciendo las libertades fundamentales consagradas por el Tratado de Roma, entre ellas las libertades de establecimiento y de inversión. El intento de frenar la entrada de E.On en Endesa atenta contra esas libertades y el Gobierno no tiene argumentos para impedirlo, más allá de los intereses políticos.
En este sentido, Alberto Navarro recuerda que la interconexión eléctrica de España con Francia es muy pequeña, por lo que nuestro país sigue siendo una isla energética, para probar que no existe un mercado único de electricidad en la UE. Pero esta es una de las razones por las que Bruselas ha llevado a Francia ante el Tribunal de Luxemburgo. Además, si al Gobierno le preocupa tanto la interconexión con Francia, ¿por qué no lo negoció cuando, por ejemplo, apoyó a France Telecom para que se quedara con Auna? Además, siempre será más fácil lograr esa interconexión si en España opera una eléctrica alemana de la potencia, en todos los sentidos, de E.On. Luego el argumento se cae por su propio peso.
El hecho de que Endesa sea la propietaria del 60% de la capacidad de generación de energía nuclear de nuestro país tampoco debería ser un obstáculo, desde el momento en que el Ejecutivo insiste en seguir adelante con los planes de desmantelamiento de las centrales nucleares. ¿A qué viene ahora esa preocupación? ¿No decía Zapatero que había que terminar con la energía nuclear para promover otras, según él, más limpias y seguras? ¿O es que resulta que ahora se da cuenta de que la energía nuclear tiene un carácter estratégico muy superior al que imaginaba? Porque si es así, lo que debería hacer el Gobierno es poner fin a los planes de desmantelamiento de las centrales nucleares y autorizar la construcción de otras nuevas, como ya están haciendo varios países de la UE y como vienen sugiriendo desde hace tiempo las autoridades comunitarias para reducir la dependencia energética de la UE de fuentes de aprovisionamiento externas, caras e inseguras, como el petróleo y el gas natural.
Por último, está la cuestión de la interconexión con Baleares y Canarias, propiedad de Endesa. Es difícil pensar que una compañía vaya a renunciar a ellas, por lo que le aportan de negocio pero, aún así, el Ejecutivo dispone de instrumentos para garantizar que el servicio continúe, pase lo que pase. Por ejemplo, puede obligar a E.On, si se queda con Endesa, a transferir esos activos a Red Eléctrica, la gestora de la red de alta tensión en España; o puede imponerle una obligación de servicio público como la que tiene Telefónica respecto a los servicios telefónicos. En consecuencia, esta circunstancia tampoco es un obstáculo para que E.On se adueñe de Endesa.
