El ministro de Industria, José Montilla, está colocando al Gobierno y al país en una difícil situación con su insistencia en no inhibirse en la OPA de Gas Natural sobre Endesa. A este asunto, que ya está bajo sospecha después de las declaraciones a favor de Gas Natural de destacados miembros del Ejecutivo, empezando por el propio presidente Zapatero, y de las actuaciones de algunos organismos reguladores, como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo le falta que la decisión que adopte el Consejo de Ministros a principios de 2006 tenga el barniz de la sospecha de favoritismo por la participación de Montilla para que la credibilidad del Gobierno desaparezca y la confianza en el sistema financiero español sufra un duro golpe.
En circunstancias normales, el ministro de Industria tendría mucho que decir en un asunto como este, que afecta a dos de las principales empresas del sector más regulado, y uno de los fundamentales de la economía española, como es el energético. Tal y como está diseñado este Gobierno, las competencias en materia de energía son atribución de la cartera de Industria y, por tanto, la voz principal en todo este asunto tendría que ser la suya. Pero en Montilla concurren circunstancias que llevan a pensar que su posición no es de imparcialidad e independencia, sino de actuar en todo este asunto a favor de uno de los contendientes, concretamente Gas Natural.
El último ejemplo lo acabamos de ver con la negativa del Ministerio de Industria a tratar con las eléctricas la cuestión del denominado déficit de tarifa. Éste consiste en el derecho a una compensación que tiene el sector si los costes de producción de electricidad superan la retribución establecida por el Gobierno para esta actividad, lo que actualmente es el caso tras las fuertes subidas registradas por los precios del petróleo y el gas natural durante este año. Por este concepto, las eléctricas reclaman al Gobierno el pago de 3.600 millones de euros pero Industria plantea el pago nada más que de una parte. En circunstancias normales, todo esto habría que interpretarlo como otro pulso más entre el sector y el Ejecutivo. Pero se da la circunstancia de que si Industria no reconoce las cantidades demandadas por las eléctricas, éstas tendrán que descontar dicho déficit de sus resultados, lo que podría provocar la caída de sus cotizaciones. Y entre las eléctricas se encuentra Endesa, cuyo precio en Bolsa se encuentra casi un 10% por encima de la cantidad ofrecida por Gas Natural por los títulos de la eléctrica. De esta forma, el no reconocimiento del déficit de tarifa, o la demora en hacerlo hasta 2005, podría tener consecuencias adversas sobre la cotización de Endesa que resultarían beneficiosas para Gas Natural.
Por supuesto, la cuestión del déficit de tarifa se podría entender, en circunstancias normales, como parte del juego entre el Ministerio de Industria y el sector eléctrico. Pero es que las circunstancias no son normales. De entrada, La Caixa, propietaria del 37% de Gas Natural, condonó una deuda de 6,57 millones de euros al PSC-PSOE, partido del que Montilla es, ni más ni menos, que secretario general. Sigue porque en el momento de la condonación, el ministro de Industria era consejero de la caja. Continúa por los favores que ha hecho Montilla al grupo industrial de la entidad financiera catalana, como la supresión de la apertura de nuevas gasolineras impuesta en su momento a Repsol YPF, controlado por La Caixa, para estimular la competencia en la distribución de hidrocarburos, por no hablar del apoyo explícito de Montilla a la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Y concluye con el silencio que está manteniendo su Departamento en torno a una cuestión que acaba de denunciar Endesa: que La Caixa no se vea obligada a lanzar una OPA sobre el 100% del capital de Gas Natural, tal y como establece la normativa sobre OPAs, al controlar por completo el consejo de administración de la gasista con una participación accionarial del 37%.
