No cabe duda de que los políticos son conscientes de que las dificultades de acceso a la vivienda constituyen probablemente el problema socioeconómico más grave de los que padece actualmente la sociedad española. Estos días en que los partidos andan a la caza de votos lo han dejado muy claro: en todos los programas electorales, la cuestión de la vivienda ocupa un lugar prioritario. Pero sus propuestas marchan en la dirección equivocada y no atacan el problema de raíz.
En sus respectivos programas, los dos principales partidos políticos españoles, el PSOE y el PP, hablan de reducir o suprimir los impuestos asociados con la compra de la vivienda. Por supuesto, a todo lo que sea reducir la presión fiscal siempre hay que darle la bienvenida, pero si no se actúa también por otro lado, la rebaja terminará en que el comprador seguirá pagando la misma cantidad total por un piso y el vendedor obtendrá más dinero. Es lo que pasó en tiempos del PSOE con las subvenciones al comprador y lo que ha ocurrido ahora con la caída de los tipos de interés hipotecarios, todo por culpa de que no se ha liberalizado el suelo y, por tanto, el constructor siempre tiene en sus manos el control de la oferta de viviendas y la administra como si fuera un monopolio para obtener el mayor beneficio posible.
Tanto populares como socialistas apuestan también por la vivienda protegida. El problema es que no pueden obligar a los promotores a dedicar porcentajes altos de suelo a la misma ya que se lo impide el Tribunal Constitucional, por lo que ambos partidos apuestan por los incentivos. Pero el precio de la vivienda protegida es tan bajo y el de la libre tan alto que a los constructores no les interesa la primera y prefieren concentrarse en la segunda. Por tanto, esto tampoco es la solución.
En cambio, lo que falta en los programas electorales son compromisos claros y explícitos con la liberalización del suelo, el mecanismo que no sólo frenaría la imparable escalada del precio de la vivienda sino que lo acabaría reduciendo. El Gobierno central no puede abordar esta cuestión porque se lo prohibió explícitamente el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la ley del suelo de 1989, en la que reconoció la capacidad normativa en materia de urbanismo a las comunidades autónomas en detrimento del Estado. Pero precisamente porque tienen reconocida esta competencia, las autonomías sí que pueden llevar a cabo esa liberalización tan necesaria. Sin embargo, en ningún programa se dice nada al respecto, probablemente porque el político regional que pusiera en marcha semejantes ideas ganaría votos entre quienes quieran comprarse una casa pero los perderían entre los que ya las tienen como inversión, que son muchos y bien organizados como grupos de presión. Una vez más, por desgracia, funciona lo que el Premio Nobel de Economía, James M. Buchanan, denominó búsqueda de rentas a costa del poder político; por desgracia, también funcionan las consecuencias en forma de pérdida de bienestar social que observó Buchanan.
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