El Gobierno socialista acaba de anunciar que baraja la posibilidad de renacionalizar Red Eléctrica Española y Enagás, las empresas gestoras de las redes españolas de alta tensión y de gasoductos. La razón que alega el Ejecutivo para semejante medida es la necesidad de garantizar el suministro justo en unos días en los que han vuelto los ‘apagones’, pero sus verdaderas intenciones pueden ser muy distintas.
Red Eléctrica y Enagás nacieron de sendas decisiones políticas adoptadas por el Gobierno de Felipe González dentro de una estrategia de creación de monopolios en el sector energético. Así, el PSOE apostó por una sola empresa gasista, Gas Natural, a la que adjudicó Enagás; una gran petrolera, Repsol, y dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola, porque ambas compañías ya tenían años y años de existencia y, en consecuencia, aquí no pudieron organizar esa estructura de mercado buscada en otras ramas del sector energético. Eso sí, reorganizaron el mapa eléctrico para consolidar monopolios territoriales en las zonas en las que cada compañía tenía activos. De aquellas decisiones nacieron Enagás y, sobre todo, Red Eléctrica, una compañía creada de la nada después de que el Ejecutivo nacionalizara la red de alta tensión para dotar de contenido a Red Eléctrica.
Este es el modelo energético de los socialistas, que hoy el PSOE quiere recuperar, al menos en lo que se refiere a las infraestructuras de transporte de gas y electricidad, después de que el Partido Popular procediera a su privatización. Sin embargo, la estatalización no es la solución a los problemas que los socialistas dicen querer resolver y sí un medio para controlar desde el Gobierno al sector energético, que es privado. Los ‘apagones’ registrados en Andalucía en los últimos días no son más que una excusa forzada, en tanto en cuanto Sevillana de Electricidad, la filial andaluza de Endesa, ha reconocido que el desabastecimiento eléctrico de la semana pasada es responsabilidad exclusivamente suya.
En cualquier caso, si la causa de los problemas, como en otras ocasiones, tuviera que ver con las redes de alta tensión o gasoductos, el Gobierno tiene en sus manos el medio para resolverlos sin necesidad de proceder a la estatalización, es decir, a la nacionalización. Se trata de la ley. Nos guste o no nos guste, la realidad inmediata es que las redes de distribución de gas y electricidad están en manos de sendos monopolios, pero ello no es un obstáculo para que las dos compañías puedan estar en manos privadas. Es más, así es como deben ser las cosas porque, de esta forma, se gana en eficiencia económica y se reduce la capacidad del Gobierno para controlar el sistema productivo y socavar la libertad económica de los ciudadanos y las empresas. Aún así, el Ejecutivo tiene la capacidad de regular las actividades y obligaciones de Red Eléctrica y Enagás en cuanto a la prestación de un servicio estratégico. De hecho, la normativa actual contempla las obligaciones de ambas compañías de cara a la prestación eficiente de esos servicios con la calidad precisa en cada momento. En consecuencia, el Gabinete no necesita estatalizar nada; sólo tiene que hacer que se cumpla la ley.
Por ello, sus intenciones son más que sospechosas, sobre todo si se tiene en cuenta que la propiedad de los dos gestores de redes energéticas otorgaría al Gobierno un enorme poder indirecto sobre las eléctricas, Gas Natural y, en menor grado, las petroleras. La obsesión de los socialistas por el control de todas las facetas de la vida económica española ha vuelto.