El Gobierno ha decidido agarrar por los cuernos el toro de la reforma del desempleo y lo ha hecho, con una decisión y una valentía que ha sorprendido a todo el mundo. El jueves por la mañana, los sindicatos revalidaron su órdago al Ejecutivo al confirmar la convocatoria de huelga general del 20 de junio; ese mismo día, por la tarde, se reunía en el Palacio de la Moncloa una parte del Gobierno y a última hora de la noche se decidía hacer la reforma mediante reales decretos que aprobaría el Consejo de Ministros al día siguiente; el viernes se han ejecutado las decisiones tal y como se habían tomado.
Los sindicatos, por supuesto, ya tienen su excusa para seguir adelante con sus planes de huelga política: el Gobierno no dialoga y nos ha impuesto lo que rechazamos, dirán. Pero la verdad es que el Ejecutivo ha hecho lo que tiene que hacer. El Gobierno está para gobernar y ese papel le corresponde sólo y exclusivamente a él, así como al Parlamento le toca elaborar y aprobar las leyes. En todo esto, a los sindicatos se les reconoce el derecho a ser oídos, pero no a imponer nada, puesto que a ellos no los elige nadie en unas elecciones para gobernar como vota a los diputados que eligen al presidente del Gobierno. Los sindicatos, por tanto, ni pueden ni deben imponer sus deseos y sus condiciones: lo primero no es bueno para la economía, lo segundo es un golpe bajo a la democracia, y más con unos sindicatos como los españoles que no representan a nadie y viven conectados permanentemente a la alimentación asistida del presupuesto público. Luego, las decisiones del Gobierno y del Parlamento serán acertadas, como en el caso de la reforma del desempleo, o equivocadas, pero responderán de ellas ante los ciudadanos en las elecciones. ¿Los sindicatos ante quién responden? En el mejor de los casos, ante sus afiliados, aunque en estas circunstancias concretas parece que responden más ante los intereses del PSOE ¿Qué legitimidad tienen para imponer nada al Gobierno? Ninguna.
La decisión del Gobierno de aprobar en el Consejo de Ministros la reforma del desempleo tiene, además, otra ventaja. Deja bien claro que lo que se tiene que hacer, se va a hacer, digan lo que digan los sindicatos, y, sobre todo, que no va a haber marcha atrás por muchas huelgas que las centrales quieran convocar, especialmente en unos momentos en los que la sociedad española está tranquila y sigue disfrutando de los parabienes de un crecimiento económico elevado y de una situación en el empleo como no se había conocido en los 25 años que llevamos de democracia. Por eso, los sindicatos van a tener difícil conseguir que la huelga sea un éxito porque en la sociedad no hay ambiente de huelga. Otra cosa es que, con unas pocas personas, puedan paralizar los transportes e infundir miedo a la gente a través de los piquetes. El Gobierno debería impedir que esto pueda suceder. Pero lo cierto es que las centrales carecen de apoyo social a una huelga manifiestamente política y puede que se jueguen su futuro con ella. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, ¡olé por el Gobierno!
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