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Emilio J. González

Peligro latente

Cualquier mala noticia puede volver a prender la mecha. El Gabinete debe hacer todo lo posible para que esa confianza que se ha recuperado parcialmente este mes no vuelva a perderse.

Emilio J. González
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La economía española está consiguiendo superar su particular test de estrés en los mercados. En un mes de julio, que tenía muchas papeletas para ser la fecha de la suspensión de pagos de nuestro país, el Gobierno no sólo está consiguiendo colocar toda las emisiones de deuda necesarias para cubrir los 25.000 millones de papel del Estado que vencían este mes, así como la necesaria para seguir financiando un déficit público aún muy elevado, sino que, además, parece estar logrando revertir la tendencia alcista de la prima de riesgo de los bonos españoles. Esto, sin duda, constituye una buena noticia puesto que, además de que se está evitando caer en un abismo del que hemos estado al borde, y del que aún seguimos muy cerca, implica que la financiación internacional a la economía española no se encarezca. Ahora bien, dicho esto hay que advertir de que el peligro dista mucho de haber pasado. Por el contrario, sigue ahí, latente, esperando a resurgir a la menor ocasión.

Si se está produciendo una inflexión a la baja de la prima de riesgo española –del diferencial de tipos de interés con Alemania–, es porque las enormes dudas que pesaban sobre el sistema financiero de nuestro país han quedado más o menos despejadas después de la publicación, la semana pasada, de los test de estrés a la banca de la Unión Europea, en los que el Gobierno ha tenido que hacer un strip tease integral de los bancos y cajas para que quedara claro que las cosas con nuestras entidades de crédito distaban mucho de estar tan mal como los mercados estimaban. En cambio, otros países, como Francia o Alemania, no han querido someter a esa prueba a todas sus entidades, a diferencia del caso de España. A nosotros, sin embargo, no nos quedaba más remedio que hacerlo así porque las dudas en torno a nuestro sistema financiero eran tan grandes que amenazaban con provocar el colapso de nuestra economía. Y esas dudas no han venido alimentadas porque haya algunas entidades que hayan quebrado, como Caja Castilla-La Mancha o Cajasur, sino, sobre todo, porque el Ejecutivo era incapaz de transmitir confianza. Después de negar la crisis, después de tomar medidas que la han agravado mientras descartaba las que pueden solucionar los problemas, después de adoptar una serie de decisiones más que discutibles respecto a los bancos y cajas y sus activos inmobiliarios, los mercados albergaban dudas más que serias acerca de la solvencia del sistema financiero, en buena medida muy ligada con una situación económica desastrosa, y, por tanto, consideraban muy arriesgado invertir en nuestro país. Ese peligro, por ahora, se ha conjurado, pero no eliminado. Los problemas de las entidades crediticias siguen ahí, aún está pendiente el ajuste del sector inmobiliario y del precio de la vivienda y el suelo, la economía sigue hecha unos zorros y puede volver a la recesión este mismo trimestre y el paro, lejos de disminuir, puede seguir creciendo todavía durante bastante tiempo. Cualquier mala noticia puede volver a prender la mecha. El Gabinete, por tanto, debe hacer todo lo posible para que esa confianza que se ha recuperado parcialmente este mes no vuelva a perderse porque la crisis no se ha resuelto; tan sólo se ha aplazado.

En este sentido es importante lo que vaya a suceder a partir de ahora con el gasto público. Zapatero anunció recortes adicionales en el debate sobre el estado de la Nación, pero ahora los tijeretazos tienen que materializarse, lo que no es cosa tan sencilla. El Estado, de momento, ha cortado de golpe las inversiones en infraestructuras, una partida a la que no habría que haber aplicado la tijera habiendo otras, como ayuda al desarrollo, donde se puede ahorrar, y mucho, porque la inversión en infraestructuras crea empleo. Sin embargo, en el ánimo de ZP ha primado el deseo de seguir adelante con sus gastos ideológicos y ha sacrificado cien mil puestos de trabajo, según estimaciones de las constructoras, para poder seguir haciendo de las suyas con la chequera del Estado. Este es el camino que no va a ninguna parte ya que, a la postre, esas inversiones y esos empleos generan crecimiento económico y recaudación tributaria, cosa que no sucede con las partidas de gasto que el presidente del Gobierno ha dejado intactas para poder disponer de ellas con el fin de financiar sus intereses ideológicos.

La cosa se complica aún más si se tiene en cuenta que en un año se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en las que, según las encuestas, pintan bastos para los socialistas. Si, por desgracia, la lógica política lleva a incrementar el gasto público en vísperas de una convocatoria a las urnas, ¿qué puede suceder en estas circunstancias? De momento, los socialistas catalanes, que se enfrentan a elecciones autonómicas este otoño, ya están presionando para que el recorte de la inversión en infraestructuras afecte a Cataluña lo menos posible y siguen presionando para obtener más recursos públicos. Que lo consigan o no es otro cantar. El resto de autonomías, que tampoco andan muy boyantes desde el punto de vista financiero, no sólo no quieren asumir el recorte del gasto que el Gobierno pretende imponerles, sino que han puesto el grito en el cielo en cuanto la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha vuelto a reclamar a los ejecutivos regionales que devuelvan al Estado el dinero cobrado de más en los años anteriores como anticipo de la liquidación del sistema de financiación autonómica, dinero que las comunidades se niegan a devolver. El panorama, por tanto, no parece tan propicio a la hora de continuar con el saneamiento de las cuentas públicas y mucho menos aún si, como parece, la economía vuelve a deteriorarse más de lo que prevé el Gobierno.

En este contexto, los peligros que amenazaban a la economía española hasta la publicación de los test de estrés siguen ahí. Han suavizado su presión pero no han desaparecido. Que vuelvan o no al primer plano dependerá, en última instancia, de lo que haga el Gobierno, que tiene que conservar como oro en paño el atisbo de confianza que ha conseguido en los mercados, porque ésta es muy difícil de lograr y muy fácil de perder. La cuestión es si con el panorama político actual eso resulta posible.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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