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Emilio J. González

Polémica autonómica

Emilio J. González
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El Tribunal Constitucional acaba de fallar a favor de la Junta de Andalucía sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado contra la subida de las pensiones no contributivas aprobada por el Ejecutivo de Manuel Chaves en 1989. El contenido de la sentencia merece una reflexión profunda.

El TC dice en su auto que el Gobierno andaluz no vulnera la legalidad con esa medida, y tiene razón. La subida de las pensiones no contributivas no se paga con los recursos de la Seguridad Social, sino con los ingresos del Ejecutivo autonómico y entra dentro de sus políticas sociales. Por tanto, y desde esta óptica, esa decisión de Chaves se adapta perfectamente a la legalidad, puesto que las comunidades autónomas tienen libertad para articular todas aquellas políticas que entren dentro de su ámbito de competencias y siempre y cuando dispongan de recursos para financiarlas. Aquí empieza el problema, en los dineros.

La Junta de Andalucía es uno de los gobiernos autonómicos más endeudados de España y con un mayor déficit presupuestario, pero no deja de permitirse alegrías con el dinero de que dispone mientras insiste una y otra vez en que el Estado reconozca con él una deuda que no es tal. Es la política de gastar por un lado y llorar al Estado por otro. Pero ese tipo de actuaciones ya tienen un coste, porque con el actual modelo de financiación autonómica, cada comunidad tendrá que decidir qué gastos quiere financiar, cuáles no y qué nivel de presión fiscal va a aplicar a sus ciudadanos y sus empresas. Por consiguiente, quien apueste por dedicar recursos a las políticas sociales debe ser consciente de que no dispondrá de ese dinero para otros fines y que tendrá que financiar esas decisiones con mayores impuestos o con el margen de que pudiera disponer para recortar la tributación. Si Andalucía se inclina por políticas como la del aumento de la pensión mínima más allá de lo establecido por el Gobierno central a nivel nacional, tendrá que asumir las consecuencias financieras y presupuestarias de esa decisión, y no buscarse excusas y subterfugios para reclamar más dinero al Estado.

Por otra parte, el electoralismo de que hizo gala Chaves con esa decisión es una irresponsabilidad. Si fuera por los poderes públicos, las pensiones asistenciales serían mucho más elevadas de lo que son. Pero la capacidad de financiarlas es la que es y todo el dinero que se destine a mejorarlas es dinero que se retira de las políticas que deben crear empleo, como la inversión pública o los recortes de impuestos. Sin embargo, Chaves decidió utilizar como arma electoral contra el PP la demagogia ejecutada con el dinero de todos los andaluces, dando la impresión de que el sistema público de pensiones no tiene problemas cuando la realidad es justo la contraria. Si hubiera cundido el ejemplo de Chaves, hoy una buena parte de los presupuestos autonómicos y estatales estaría destinada a estas políticas, la economía crecería mucho menos, se crearía menos empleo y habría bastantes más parados. Pero a Chaves, por lo visto, eso no le importa. ¿Cómo se explica, si no, que la tasa de paro en su autonomía sea con diferencia la más alta de España y duplique la media nacional?

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