Desde que el Gobierno socialista aprobó la ley de cajas de ahorros en la década de los ochenta, estas entidades financieras se han convertido en uno de los campos de batalla de los políticos o en arma arrojadiza entre ellos. Si alguien tiene dudas al respecto le basta con recordar lo que sucedió entre las cajas sevillanas de San Fernando y El Monte, con las intervenciones desde la Junta de Andalucía para cambiar sus órganos rectores y facilitar una fusión controlada por y para los intereses del PSOE de Manuel Chaves. Ahora, otra caja, la de Guadalajara, ha vuelto a ocupar los titulares por presuntas irregularidades graves detectadas supuestamente por el Banco de España, cosa que la entidad ha desmentido. Puede ser verdad, pero no deja de resultar curioso que se trate de una caja gobernada por el PP que se negó a fusionarse con la Caja de Castilla-La Mancha, presidida por un socialista de pro como Hernández Moltó, un proyecto auspiciado por el ejecutivo regional que preside otro de los barones socialistas, José Bono. La política, por tanto, parece estar detrás de un asunto que, ¡qué casualidad!, salta a un año vista de las elecciones autonómicas y cuando el Gobierno pretende abordar la reforma de las cajas de ahorros a través de enmiendas en el Congreso al proyecto de Ley Financiera.
Precisamente, una de las cosas que quiere hacer el Ejecutivo es reducir por debajo del 50% la presencia de consejeros políticos en los órganos de Gobierno de las cajas, algo a lo que se opone el PSOE, especialmente Bono o Chaves. Esta medida, de aprobarse, no librará a estas entidades de crédito del control político porque con el 50% de los votos en un consejo de administración se controla todo, pero sí impedirá que la Unión Europea considere a las cajas como parte del sector público, con todas sus consecuencias en términos de deuda de las administraciones o de ayudas públicas, por poner tan sólo dos ejemplos. Sin embargo, los socialistas se oponen, tal vez porque tendrían que buscar fuentes de ingresos a quienes se vieran obligados a cesar como consejeros, porque no parece haber otra razón para esa negativa.
El Gobierno también quiere poner límite a la edad en que una persona puede ocupar un cargo en una caja; a los 70 años debe abandonarla, como en los bancos. Desde este punto de vista, la decisión puede ser lógica. Ahora bien, en cuanto entre en vigor, el presidente de La Caixa, Josep Vilarrasau, tendrá que jubilarse. Dirá adiós otro hombre próximo al PSOE y su salida abrirá las puertas a un posible pacto entre PP y CiU para nombrar a su sucesor. Otra vez la política de por medio. ¿Cuándo llegará la verdadera despolitización de estas entidades?
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